En Nicaragua, al menos 121 opositores y críticos del régimen liderado por el dictador Daniel Ortega languidecen en las cárceles del país, según denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una organización avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este sombrío recuento incluye a 19 mujeres y 102 hombres, con diez de ellos detenidos antes del estallido de la crisis política en 2018.
Durante el mes de enero de 2024, el Mecanismo registró seis detenciones arbitrarias, presuntamente motivadas por razones políticas, además del destierro de 17 religiosos, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien había sido condenado a más de 26 años de prisión por delitos de traición a la patria.
Adultos mayores en las cárceles
El informe también destaca el incremento a 22 del número de personas mayores que sufren condiciones inhumanas en las prisiones nicaragüenses, donde sus derechos humanos son sistemáticamente violados, según advierte el Mecanismo, integrado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos y abogados defensores.
Además de las detenciones y las condiciones carcelarias inhumanas, el informe señala que el régimen de Ortega continúa aplicando medidas represivas contra familiares de personas encarceladas y excarceladas, como la negación de ingreso al país y la confiscación de bienes y propiedades.
La Unidad de Defensa Jurídica, formada por abogados que representan o asesoran a los presos políticos, identificó patrones represivos que van desde juicios realizados a través de videollamadas hasta la falta de información sobre el paradero de los detenidos, lo que implica, según la Unidad, una política de “desaparición forzada por ocultamiento de paradero”.
Ortega-Murillo autores de crímenes de lesa humanidad
Entre los presos políticos se encuentran el periodista Víctor Ticay, el filósofo y sociólogo Freddy Quezada, la corista católica Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, mientras que sus principales contendientes se encuentran encarcelados o en el exilio.
Tanto Ortega como Murillo sin señalados por diversos organismos de derechos humanos como autores de crímenes y delitos de lesa humanidad, a raíz de la orden de reprimir las protestas que terminaron con 355 asesinatos, más de 4,000 heridos, miles de detenidos, desaparecidos y torturados, así como cientos de miles de desplazados y exiliados.