El jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, denunció que el oficialista Libertad y Refundación (Libre) busca por medio de la Corte Suprema de Justicia inhabilitar a la oposición y “legalizar un pacto de impunidad”, en una sesión convocada para el viernes en la que estarían ausente 9 de los 15 magistrados titulares.
“Se han encendido las alarmas por la convocatoria que se está realizando en el pleno que va a existir ausencia de 9 magistrados de la Corte suprema de Justicia propietarios:
5 de ellos conocieron en la Sala de lo Constitucional, 3 están de viaje y 1 está enfermo”, dijo en un video compartido en redes sociales la tarde de este miércoles.
Se encienden las Alarmas 🚨 en el poder judicial con el pleno que se convocó para este viernes con la ausencia de 9 magistrados propietarios, quieren legalizar el pacto de impunidad que perdonaron delitos de corrupcion a los funcionarios de Mel zelaya y quieren inhabilitar a la… pic.twitter.com/Vfyqgyvncm
— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) September 18, 2024
“Libre quiere que se avale y quede legalizado el pacto de impunidad que perdonó todos los delitos de corrupción a todos los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales”, explicó.
Denunció, además, que quieren declarar inconstitucional las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES)”, advirtió.
“Están buscando el plan Venezuela, para inhabilitar, callar y silenciar a toda la oposición política”, sostuvo.
Las ZEDES en Honduras son áreas especiales creadas con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y atraer inversiones. Estas se rigen por un marco legal particular, diseñado para facilitar un entorno de negocios más favorable que el del resto del país.
Las ZEDES ofrecen incentivos como exenciones fiscales, regulaciones laborales flexibles y un proceso simplificado para la creación de empresas, buscando impulsar el desarrollo económico en regiones específicas y generar empleo.
Sin embargo, las ZEDES también han sido objeto de controversia y debate. Críticos argumentan que estas zonas pueden debilitar la soberanía nacional y los derechos laborales, al establecer un régimen legal separado que podría favorecer a las corporaciones en detrimento de las comunidades locales.