Por Centroamérica 360 y Literal
Se llamaba Golden Teresa Rivas Zeledón y murió el 5 de abril de 2021. Tenía 41 años y apenas dos veranos antes enfrentaba la vida en el comercio informal, vendiendo bebidas y chucherías en las calles para mantener a sus dos hijos.
Unos dicen que empujaba un carretón, otros que cargaba un termo y algunos creen que se apostaba con un balde cerca de las paradas de buses de Managua.
Lo cierto es que cuando estallaron las protestas, en abril de 2018, Golden trasladó su negocio a los alrededores de la Universidad Centroamericana (UCA) donde se dieron los primeros brotes de represión sandinista. La revuelta social arrastró a Golden de lleno al movimiento rebelde, a tal punto que dejó de vender sus bebidas para meterse por completo a las protestas.
De la UCA se trasladó a la Universidad Politécnica (UPOLI) y se atrincheró ahí junto a los estudiantes, desde abril hasta julio cuando la policía y los paramilitares desalojaron el recinto a punta de plomo. Golden salió de ahí con un balazo en una pierna y por varios meses anduvo escondida en casas de seguridad.
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Planes de exilio de Golden
En junio de 2019 Golden se preparaba a migrar con sus hijos a El Salvador o Costa Rica ya que muchos de sus antiguos compañeros de protestas habían caído presos, estaban desaparecidos o se habían exiliado.
Uno de ellos, que estuvo cinco semanas detenido en una celda del tenebroso centro de tortura El Chipote, sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la policía, le alertó por medio de mensaje de texto que tuviera cuidado, que durante los interrogatorios los oficiales preguntaron por ella.
La tenían fichada como cabecilla de las protestas en la UPOLI y como líder “de una escuadra de terroristas” que habían quemado la alcaldía del Distrito VI de Managua en mayo del 2018.
Preocupada, Golden cometió el error de salir a buscar una recarga telefónica para llamar a un contacto en Managua que le estaba ayudando a coordinar su exilio. Ella estaba oculta en Jinotega, en una zona rural con poca señal de Internet.
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Terror y dolor
Allá desapareció. Marco Novoa, uno de sus amigos, víctima de secuestro policial y exiliado por persecución, amenazas y torturas, contó que por varios meses se le buscó sin éxito en estaciones de policía, hospitales, cárceles y morgues de hospitales.
Fue a inicios de 2020 que Golden apareció, pero ya era otra persona y buscaba ayuda para curarse. El relato fue espeluznante: después de ser secuestrada por policías y paramilitares fue llevada a varios centros clandestinos de interrogatorios y tortura.
Ella nunca recordó con precisión cuánto tiempo estuvo detenida ni dónde. Sabe que la trasladaron a varias casas y calabozos donde la ataban desnuda, la golpeaban mientras la interrogaban y finalmente la violaban.
Recordó que varias veces se desmayó del dolor y la reanimaban con inyecciones para seguirla abusando y torturando. Narró que una noche los paramilitares la llevaron a una celda llena de reos donde la violaron hasta el desmayo.
Despertó en un hospital y estuvo ahí varias semanas, esposada a una cama, con vigilancia policial y atención médica.
Le dieron de alta una noche y la hicieron firmar unos papeles, le entregaron unas medicinas y la trasladaron a la casa de una familiar donde ella había alojado a uno de sus hijos cuando planificaba exiliarse.
Salió a morir
Salió a morirAhí se enteró que tenía cáncer; que estaba contagiada de VIH, que había perdido el pelo, varias piezas dentales y la mayoría de las uñas de las manos. Empezó a publicar en sus perfiles de Facebook que necesitaba ayuda, alimentos, leches, pañales, medicinas… Murió a los pocos meses.
La enterraron en el cementerio Milagro de Dios de Managua: un sepelio rápido, solitario y bajo vigilancia policial.
Parte de su historia la narró Novoa cuando lamentó su muerte en redes sociales: “Ayer murió Golden Rivas, comandante Golden de la UPOLI… Muchos no saben que después fue capturada por la policía y los paramilitares, donde fue torturada grotescamente. Su testimonio es unos de los más fuertes que me ha afectado emocionalmente”.
La historia de Golden Teresa Rivas Zeledón fue apenas una, entre tantas, que relatan la brutalidad estatal aplicada en Nicaragua desde 2018.
El asesinato de Keller
Otro caso dramático de tortura fue el del estudiante universitario Keller Steven Pérez, quien estuvo atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en 2018.
Tenía 22 años y fue secuestrado por policías de civil la noche del 23 de mayo. Estuvo desaparecido varios días hasta que su cadáver apareció la madrugada del 26 de mayo en una alcantarilla en las afueras de Managua, en la cuesta El Plomo.
El dictamen médico indicó que fue asesinado esa madrugada por estrangulamiento; su cuerpo presentaba lesiones, quemaduras de primer grado y laceraciones en la espalda.
La policía acusó a los estudiantes del crimen, pero dos testigos presentados por la policía como autores y cómplices del crimen relataron en el exilio, en Costa Rica, luego de haber sido indultados en 2019, los pormenores del asesinato policial.
Al estudiante lo secuestraron agentes de inteligencia de la policía sandinista; lo llevaron a una casa clandestina cerca de Ciudad Sandino, que operaba como centro de tortura y ahí lo golpearon varios días hasta la muerte.
Lo querían obligar a grabar en cámara que los autores de las protestas eran varios sacerdotes, empresarios y líderes políticos.
Se opuso y lo golpearon atado hasta dejarlo inconsciente. Luego lo colgaron de una cuerda hasta que dejó de gemir y patalear. Ya inerte lo remataron con un tubazo en la parte trasera del cuello y esperaron unas horas para arrojarlo a una alcantarilla.
Ahí lo rociaron de gasolina e intentaron prenderle fuego, pero una llovizna apagó todo y el cuerpo quedó intacto, aunque desfigurado.
Los sobrevivientes denunciaron como autor directo al comisionado mayor Luis Alberto Pérez Olivas, director de El Chipote, sancionado en 2020 por Estados Unidos como el principal torturador de la policía al servicio de la familia Ortega Murillo.
Lluvia de testimonios de tortura
Si bien los medios de comunicación venían reportando con insistencia los patrones de abusos, torturas, brutalidad policial y violaciones masivas de derechos humanos desde antes de 2018, fue a raíz de las protestas sociales del 18 de abril de hace siete años que los casos de torturas salieron a luz de forma masiva.
Decenas de esos casos se documentaron con más precisión a raíz del inicio de las políticas de destierro que la dictadura ejecutó desde el 9 de febrero de 2023, cuando expulsó en un avión a Estados Unidos a 222 reos políticos.
Otros 135 prisioneros políticos fueron desterrados a Guatemala en septiembre de 2024 y al igual que los primeros 222 despatriados, contaron sus historias de torturas y sus secuelas.
Uno de ellos, quien pide preservar su identidad por seguridad para su familia que aun reside en Nicaragua, cuenta que tras salir de prisión no ha podido controlar sus esfínteres y aun amanece orinado en medio de pesadillas.
Los exámenes médicos no revelan problemas renales ni de vías urinarias que le provoquen la incontinencia urinaria, de modo que ahora toma medicamentos para la depresión y píldoras para dormir profundamente y evitar las pesadillas que lo llevan a mojar la cama.
Santos Camilo Bellorín, campesino de 60 años que fue condenado a 11 años de prisión por ciberdelitos contra el Estado en 2021, estuvo casi dos años preso, aislado y sometido a interrogatorios y amenazas de “pudrirse en la cárcel” por “traición a la patria”.
Relata que cuando lo apresaron era un hombre sano, con los problemas normales de toda persona mayor de 50 años, pero sin enfermedades crónicas.
Ahora toma de 8 a 10 pastillas al día para tratarse la hipertensión, la diabetes, los problemas gástricos, la falta de energía y la depresión que lo maniata hasta el llanto en ocasiones de crisis.
Secuelas en jóvenes exprisioneros
No está solo en su tragedia. Exprisioneros más jóvenes que él, como la comunicadora social Adela Espinoza, de 27 años, también sufre traumas y daños a su salud y tratan de superar sus heridas.
A ella la torturaron con aislamiento en celdas de castigo, exposición prolongada al sol, privación de alimentos, amenazas de ejecución, humillaciones y acusaciones infundadas de narcotráfico. Producto de las torturas presenta problemas de depresión, insomnio, ansiedad…
El expreso político Lesther Alemán, quien conminó públicamente al dictador Daniel Ortega a abandonar el poder, igual sufrió torturas, amenazas, interrogatorios excesivos, amenazas de muerte, tratos crueles y humillantes y golpizas.
También fue desterrado de Nicaragua en 2023 y estando en el exilio, con apenas 26 años ya, igual sufre de hipertensión, taquicardia, episodios de depresión y problemas para caminar por una inflamación recurrente en el nervió ciático.
Para Alemán, el destierro no fue una liberación sino una continuación de la tortura en el exilio: “Estamos bajo una tortura psicológica que no conoce tiempo ni espacio”, comenta.
De prisión a la agonía
Algunos salieron de prisión agonizando, solo para caer en cama y morir en casa.
Don Justo Rodríguez, de 71 años, quedó con muerte cerebral tras múltiples golpizas, falta de atención médica y mala alimentación y ahora yace inmóvil en su casa en la Isla de Ometepe, en espera de un milagro o un deceso que lo alivie del tormento.
Eliseo Castro, de 61 años, sufrió un derrame cerebral en la cárcel y desde hace tres años está parapléjico, encadenado a una camilla de hospital, mientras el régimen se niega a liberarlo.
Donald Alvarenga, de 59 años, tras varios meses detenido desarrolló insuficiencia renal crónica con un funcionamiento del 15% en sus riñones, agravando su situación en el exilio tras su destierro en 2023.
Salieron a morir
Algunos jamás lograron salir con la vida. José Modesto Solís, por ejemplo, fue liberado en septiembre de 2023 en estado de agonía, con desnutrición severa y el cuerpo cubierto de moretones. Murió tres meses después.
Carolina Gutiérrez, una mujer transgénero encarcelada en 2018, falleció por leucemia en la pobreza extrema después de haber sido liberada tras varios meses de cárcel y torturas, negándose a buscar atención médica por miedo a represalias.
Tomás Maldonado, retirado del Ejército detenido, condenado y sometido a asedio y amenazas tras ser liberado en 2019, sufrió un paro cardíaco en 2021 tras ser asediado en su casa por paramilitares.
Michael Healy, expresidente del COSEP, murió de un infarto en Panamá un año después de ser expatriado.
Otros fueron ejecutados directamente o retenidos dentro de la cárcel hasta su muerte. Eddy Montes, de 57 años, recibió un disparo en el abdomen durante un motín de los presos políticos en la cárcel Modelo en 2019, cuando exigían trato humanitario. Su asesinato quedó en impunidad.
El general en retiro Hugo Torres, exguerrillero del Frente Sandinista que participó en una operación armada que liberó a Daniel Ortega de las cárceles somocista en 1974, murió en El Chipote en 2022, víctima de la falta de atención médica adecuada.
Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador y ex jefe del ejército sandinista, falleció bajo arresto domiciliario en 2024 tras varios meses de confinamiento carcelario y mala atención médica. Haber criticado a su hermano Daniel y su cuñada Rosario Murillo le costó la libertad y la vida.
El exilio, otra tortura
Los efectos de las torturas aplicadas por la dictadura familiar Ortega Murillo no han afectado solo a las personas expresas políticas, también se han extendido a miles de exiliados víctimas de persecución estatal, amenazas de muerte, cárcel y torturas, así como por asedio y espionaje.
Un informe del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), publicado en septiembre de 2023, reveló que el 90 por ciento de los nicaragüenses exiliados tras la crisis de 2018 han sufrido un deterioro significativo en su salud física y mental.
El estudio titulado Cuerpos desgastados por la represión, salud y exilio de los nicaragüenses, encuestó a 118 exiliados en Costa Rica y Estados Unidos, revelando que muchos padecen ansiedad, depresión e hipertensión, además de enfermedades neurológicas, cardíacas y gastrointestinales, agravadas por las condiciones adversas del destierro.
La investigación de Calidh denunció que el régimen Ortega Murillo ha ejecutado una estrategia sistemática para forzar el exilio y debilitar la salud de los desplazados mediante represión prolongada.
Estrés postraumático
Un expediente clínico de un periodista independiente forzado al exilio en 2021, al que tuvimos acceso para esta investigación por medio de su terapeuta a cambio de preservar su identidad, revela un estado típico de estrés postraumático.
“El paciente ha denunciado ser víctima de persecución policial, amenazas judiciales y vigilancia estatal. Durante el proceso de psicoterapia, en reiteradas ocasiones, ha expresado temor a morir, a ser encarcelado ya sufrir daños físicos por torturas a como han sufrido otras personas por él conocidas”, dice parte del expediente.
El parte médico indica que “en los meses de … del año 2021, en la Fiscalía de Managua, fue detenido, interrogado y amenazado con cárcel, en un contexto de represión policial y judicial, una experiencia que resultó profundamente traumática”.
“Su labor como periodista en el contexto político de Nicaragua ha representado un riesgo constante para su vida, una situación que se agravó al verse obligado a permanecer en el país en condiciones de encierro o ocultamiento en casa de seguridad, hasta tomar la decisión de exilio y sobrellevar su duelo lejos de su familia y en condiciones precarias”, continua el parte.
“Durante el proceso psicoterapéutico se evidencia el impacto severo de estos sucesos en su salud mental, así como los efectos del estrés postraumático. Entre los síntomas observados destacan memorias involuntarias e intrusivas, sueños perturbadores y angustia intensa”.
“También se identifican alteraciones en su vida cotidiana, como pérdida de interés en actividades significativas, estado de alerta permanente, dificultad para sentir emociones positivas y preocupaciones constantes, agravadas por la exposición continua a noticias sobre persecuciones, exilios y desapariciones forzadas de personas cercanas”.
“Asimismo, presentó expectativas negativas persistentes y falta de esperanza, lo que, junto con la vigilancia estatal, intensificó su miedo, paranoia y sensación de impotencia frente a su situación”, dice el expediente clínico del paciente “H”.
Torturas: crímenes de lesa humanidad
En su noveno informe contra la tortura en Nicaragua, publicado en diciembre de 2024 por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, se considera el exilio y destierro como una modalidad de tortura y, a la vez, se clasifica la tortura en sus diversas modalidades como “un crimen de lesa humanidad”, de acuerdo con las consideraciones de Derechos Humanos de Naciones Unidos.
“En ese caso, el Estado de Nicaragua, sus autoridades y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han cometido crímenes de lesa humanidad a través de más de 40 tipos de torturas identificadas en los testimonios de las víctimas”, dijo Salvador Lulio Marenco, co-autor del informe.
La dictadura, en los numerosos foros internacionales donde se les ha cuestionado sus políticas de represión, ha negado la comisión de torturas, tratos crueles o denigrantes contra sus ciudadanos.
Sin embargo, en noviembre de 2023, el Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, emitieron una condena severa contra el régimen por negarse a cooperar con los dos organismos, “establecidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos ratificados voluntariamente por Nicaragua”.
Según la resolución condenatoria, Nicaragua se negó a someterse a una revisión programada en julio de 2022 y rechazó una visita obligatoria al país por parte del Subcomité en 2023.
Además, “no respondió a las reiteradas solicitudes por parte de ambos órganos para celebrar reuniones en el marco de sus respectivos mandatos y en atención a sus obligaciones internacionales”, indicó el presidente del Comité contra la Tortura, el abogado mexicano Claude Heller.
Torturas vigentes
En septiembre de 2024, una comisión de Naciones Unidas, investigadora de violaciones de derechos humanos en Nicaragua emitió una actualización de su informe anual revelando 12 casos de torturas y maltratos en detención y siete casos de detenidos que afirman haber sido víctimas de violación, abuso sexual y descargas eléctricas, y tres que denunciaron estrangulamiento de testículos.
“En todos los casos se observaban claramente signos de trastorno de estrés postraumático”, declaró en una rueda de prensa el portavoz de derechos humanos, Thameen Al-Kheetan, en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Nicaragua no respondió de inmediato, pero en diciembre de 2024, el régimen propuso una reforma constitucional que eliminó de la Carta Magna el derecho de los nicaragüenses a no ser torturados, contraviniendo la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, al que se adhirió en 2005.
El artículo 36 de la Constitución establecía que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
La eliminación del artículo quedó firme con la publicación de la nueva Constitución Política el pasado 19 de febrero de 2025.
