El clamor por la redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua sigue ganando fuerza, con más funcionarios estadounidenses instando al presidente Joe Biden a tomar medidas inmediatas en beneficio de aproximadamente 450 mil nicaragüenses que residen en territorio estadounidense.
La congresista María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, encabezó este nuevo llamado junto a tres congresistas republicanos, enviando una nueva carta a Biden y a dos altos funcionarios del Gobierno.
Dos días antes, otros 44 congresistas habían enviado comunicación a Biden con la misma petición.
Salazar y sus colegas, Sheila Cherfilus-McCormick, Joaquín Castro y Maxwell Frost, hicieron hincapié en la grave crisis sociopolítica y humanitaria que enfrenta Nicaragua, resultado de la violación sistemática de derechos humanos perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, especialmente contra aquellos que practican la fe católica.
La congresista Salazar denunció contundentemente que el régimen de Ortega-Murillo y los sandinistas son responsables de algunos de los peores abusos y persecuciones religiosas en la historia de América Latina.
Subrayó que cientos de miles de nicaragüenses han huido de esta tiranía en busca de refugio en Estados Unidos, haciendo un urgente llamado al Departamento de Seguridad Nacional para la redesignación del TPS, como un acto de humanidad frente a los horrores del régimen.
Salazar también resaltó que según el Pew Research Center, Florida alberga la mayor concentración de nicaragüenses en Estados Unidos, con el 37 por ciento de la población estimada de nicaragüenses residiendo en dicho estado.
La redesignación no solo ofrecería seguridad, sino también oportunidades para miles de nicaragüenses que se encuentran en un limbo legal en suelo estadounidense.
Los congresistas insistieron en que la brutalidad de la dictadura Ortega-Murillo hace que la reasignación del TPS para los nicaragüenses sea aún más apremiante.
La congresista Cherfilus-McCormick subrayó que los nicaragüenses en Estados Unidos no pueden regresar de manera segura a su país y sería irresponsable y cruel enviarlos de vuelta al peligro. Por lo tanto, instó firmemente a la Administración Biden a que rediseñe el TPS para Nicaragua en defensa de los valores de democracia, derechos humanos y compasión de la nación.
El congresista Castro señaló que el régimen se vuelve cada vez más autoritario y brutal, y ante este escenario, la reasignación del TPS para Nicaragua salvará vidas y protegerá a las familias que han huido de la opresión y la violencia para encontrar refugio en los Estados Unidos.
En la misma línea, el congresista Frost subrayó que Estados Unidos, como faro de la democracia, tiene la responsabilidad de reconocer esta crisis y ofrecer una solución más permanente a los miles de nicaragüenses que residen en Florida y en todo el país.
Es importante recordar que el TPS otorga un estatus migratorio temporal que permite a los beneficiarios permanecer en Estados Unidos, obtener autorización de empleo y viajar sin temor a ser detenidos por el DHS debido a su estatus migratorio. Este beneficio no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio.
Nicaragua recibió por primera vez el TPS en 1999, y según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), a partir de 2021 había 4,250 beneficiarios de TPS de Nicaragua en EE. UU.
En junio pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió por 18 meses más el TPS para los nicaragüenses ya inscritos en el programa.