Más de 5,000 nicaragüenses se encuentran en un limbo migratorio, desterrados o impedidos de regresar a su país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según denuncias de activistas y defensores de derechos humanos.
Esta situación, que viola varios tratados internacionales, ha sido objeto de condena en foros internacionales y genera serios problemas para los afectados.
El fenómeno de los apátridas en Nicaragua se intensificó en febrero de 2023, cuando el gobierno de Ortega despojó de su nacionalidad y desterró a 316 opositores, entre ellos líderes políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil.
Entre los desterrados se encuentra Lesther Alemán, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), quien fue una voz activa en denunciar estas violaciones en el marco de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Asunción, Paraguay.
Alemán reveló que la cifra de apátridas nicaragüenses supera los 5,000.
“No solo son 317 nicaragüenses apátridas, la realidad es distinta y dramática, estamos hablando de más de 5,000 nicaragüenses que están en el apatrismo”, declaró Lesther Alemán a 100% Noticias.
Organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (CNN+) han señalado que el régimen viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954).
En un informe de marzo de 2024, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU documentó 145 casos de personas impedidas de regresar a Nicaragua desde 2021, pero la cifra pudiera ser 500 veces superior, luego que la dictadura Ortega-Murillo reformara la Constitución en enero de este año para legalizar la desnacionalización por “traición a la patria”.
Desde entonces, Ortega, por medio de funcionarios de Migración y Extranjería como Luis Cañas y Amelia Coronel, ha impedido el retorno de miles de nicaragüenses a su país.
La medida, según los expertos, ha sido utilizada para silenciar a opositores y sus familiares, expulsar a voces críticas e infundir miedo en la sociedad.
Casi un millón desplazados
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó en febrero de 2024 que más de 935,000 nicaragüenses han abandonado el país desde que las protestas de abril de 2018-
La mayoría ha buscado refugio en países como España, Costa Rica y Estados Unidos, donde enfrentan dificultades para regularizar su situación migratoria.
Los apátridas enfrentan graves problemas, como la falta de acceso a servicios públicos, la imposibilidad de trabajar legalmente y la marginación social.
El abogado Yader Morazán, quien también fue desterrado y ahora reside en Estados Unidos, destaca que “ser apátrida puede tener efectos significativos y adversos en la vida de una persona, dejándolos vulnerables a violaciones de derechos humanos y sin protección legal” .
La comunidad internacional sigue condenando las acciones del régimen de Ortega y Murillo, mientras miles de nicaragüenses permanecen en una situación de apatridia de facto, sin poder regresar a su país ni acceder a una vida digna en el exilio.
La presión sobre el régimen para revertir estas medidas continúa, aunque el panorama sigue siendo incierto para los afectados.