A seis años del ataque del 30 de mayo de 2018 a “la madre de todas las marchas”, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue sus esfuerzos por reescribir los acontecimientos de esa fecha, que culminaron en el asesinato de 19 nicaragüenses que participaban en protestas contra la dictadura.
Esta semana, la dictadura anunció la realización de 1.600 actividades relacionadas con el Día de las Madres, que en Nicaragua se celebra cada 30 de mayo.
El pasado 27 de mayo, la vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que el 30 de mayo sería feriado y el 31 sería “asueto a cuenta de vacaciones”, además de informar que 1.500 reos pasarán a régimen de convivencia familiar en esta fecha.
“Lo damos a conocer con amor para las madres nicaragüenses que tendrán un fin de semana largo para compartir y pasar contentos con nuestra familia. Gracias a Dios, fin de semana largo”, expresó Rosario Murillo, co-dictadora.
Sin embargo, esta conmemoración oficial es vista como una burla por las madres de las víctimas de la masacre de 2018 por sectores opositores y la amplia diáspora en el exilio.
El fin de semana recién pasado, las madres de las víctimas de la masacre del 30 de mayo realizaron una vigilia en San José, Costa Rica, demandando justicia por la masacre de sus hijos a manos de policías y paramilitares.
Las organizaciones de derechos humanos y víctimas de la represión, a la vez, anunciaron actividades de conmemoración en Costa Rica y Estados Unidos, así como pronunciamientos y condenas.
El 18 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional, controlada por diputados afines a la familia Ortega-Murillo, aprobó una ley que declara el 30 de mayo como feriado nacional.
Esta reforma al artículo 66 del Código del Trabajo incluyó el 30 de mayo en la lista de feriados nacionales, lo que fue percibido como un intento de borrar el doloroso recuerdo de la masacre.
“El 30 de mayo no es de fiesta y tampoco es de descanso. Es para seguir alzando la voz y diciendo que las madres no se rinden y exigen justicia”, expresó una de las madres afectadas, subrayando que la dictadura no puede borrar el dolor de los corazones de las madres, quienes seguirán recordando el asesinato de sus hijos.
Desde el asesinato de sus hijos el 30 de mayo de 2018, muchas madres han tenido que huir del país por temor a represalias. Algunas se exiliaron en Costa Rica, viviendo con el constante dolor y la incertidumbre que dejó la represión gubernamental. Desde ahí, en mayo de 2021, declararon el 30 de mayo como “Día de Luto Nacional”.
El pasado 23 de mayo el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), anunció una serie de actividades en todo el país para conmemorar el Día de las Madres. Estas incluyen festivales, exposiciones, ferias, y actividades culturales, que buscan desviar la atención de los eventos trágicos de 2018.
La situación de derechos humanos en Nicaragua ha sido alarmante desde las protestas de 2018, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
En este contexto, los esfuerzos por reconfigurar la memoria del 30 de mayo de 2018 son vistos como parte de una estrategia más amplia para consolidar el control del régimen y minimizar la oposición, ignorando las demandas de justicia de las víctimas y sus familias.
Los hallazgos del GIEI
Una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la masacre del 30 de mayo de 2018 en Nicaragua reveló varios hallazgos importantes sobre los hechos ocurridos durante esta manifestación pacífica que terminó en una tragedia:
Uso de Fuerza Letal y Excesiva: El GIEI documentó el uso de fuerza letal y excesiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado nicaragüense y grupos paramilitares contra los manifestantes. Se concluyó que hubo disparos directos contra la multitud desarmada.
Planificación y Coordinación: La investigación sugirió que la represión violenta fue planificada y coordinada, no solo una respuesta espontánea. Se señaló la participación activa de fuerzas de choque organizadas y grupos paramilitares en colaboración con la policía.
Violaciones a los Derechos Humanos: El GIEI documentó múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y agresiones físicas y psicológicas. Estas violaciones constituyeron crímenes de lesa humanidad según los estándares internacionales.
Impunidad y Falta de Investigación: Se resaltó la falta de investigación y la impunidad en los casos de violencia estatal. Las autoridades nicaragüenses no tomaron medidas efectivas para investigar y sancionar a los responsables de la masacre.
Víctimas y Afectados: El informe identificó a las víctimas de la represión, detallando el número de muertos y heridos. El GIEI también enfatizó el sufrimiento de las familias de las víctimas y la falta de reparación y justicia.
Recomendaciones: El GIEI hizo varias recomendaciones al gobierno nicaragüense, incluyendo la necesidad de una investigación independiente y exhaustiva, el desmantelamiento de los grupos paramilitares, la reparación integral a las víctimas y la adopción de medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Crímenes de lesa humanidad: El GIEI consideró que la participación activa de los gobernantes, junto a las fuerzas de seguridad, constituyeron actos que a la luz de la justicia penal internacional son considerados “crímenes de lesa humanidad”.
Desde entonces, la masacre del 30 de mayo de 2018 se convirtió en un símbolo de la brutal represión del gobierno de Daniel Ortega contra las protestas masivas que exigían reformas democráticas y respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
La investigación del GIEI aportó evidencia detallada y testimonios que subrayaron la gravedad de la situación y la necesidad urgente de justicia y rendición de cuentas.
