La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Patricia Vargas, aseguró que no descarta extender una invitación a la mandataria, Laura Fernández, para que visite el Poder Judicial, pues dijo que es momento de entablar un diálogo “de buena fe”.
La recién electa en el cargo, Patrica Vargas, ofreció una entrevista con “Telenoticias”, donde dijo que “de ninguna manera” descarta invitar a Fernández a visitar el Poder Judicial, así como tampoco está cerrada a incluir en la invitación a la presidenta de la Asamblea, Yara Jiménez Fallas.
Vargas, quien fue elegida en el cargo el lunes, aseguró que es momento que como titulares de los tres Órganos del Estado puedan hablar “de buena fe” sobre los retos que enfrenta Costa Rica y trabajar conjuntamente para superarlos.
“Yo no descarto de ninguna manera extenderle una invitación a la señora presidenta para que nos visite en la casa del Poder Judicial, igual a otros jerarcas, por ejemplo la jerarca de la Asamblea Legislativa. Es el momento de que conversemos de buena fe sobre los distintos temas que son retos para el país”, afirmó.
La nueva presidenta de la Corte aseveró que el diálogo conjunto debe realizarse bajo los principios de buena fe, respeto a las competencias y a la independencia judicial. La reunión con las funcionarias sería una prioridad de trabajo para Vargas.
La nueva titular del Poder Judicial fue elegida en la quinta ronda de votación del lunes con 12 votos a favor. Ocupará el cargo de presidenta en el período 2026-2030 y se convirtió en la segunda mujer en dirigir el Órgano Judicial, además, es la primera vez en la historia costarricense que los tres poderes son liderados por mujeres.
Aunque Vargas se muestra abierta a una buena relación con los otros órganos, también dijo que trabajará por hacer frente al recorte de 10,000 millones de colones ($22.154 millones) y el congelamiento de 30,000 millones ($66.4 millones) en el presupuesto de 2027 y que no se complete, pero que de no recibir respuestas afirmativas, entonces diseñaría un “plan b”.
Asimismo, dijo que una de sus prioridades es defender las 2,463 plazas de trabajadores operativos que podrían ser congeladas, entre ellas, 800 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 700 jueces, sin las que se tendría que proceder al cierre del Juzgado Penal Juvenil de Corredores.
