Ocho de cada diez nicaragüenses rechazan el aplazamiento de las elecciones a 2028 y la ampliación del mandato dictatorial a siete años, según una consulta ciudadana realizada en septiembre por la organización Hagamos Democracia.
Para los consultados, la medida impulsada por los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo anula su derecho a elegir libremente a sus gobernantes.
El estudio recogió percepciones en 40 municipios del país. Además, sus resultados contrastan con los de M&R Consultores, la firma que desde hace más de una década publica sondeos sospechosamente favorables al régimen sandinista.
“Se reduce mucho”
De acuerdo con los datos, el 80,1 % de los encuestados considera que la cancelación del proceso electoral socava la democracia.
En concreto, el 58,6 % afirma que su posibilidad de elegir autoridades «se reduce mucho», mientras el 21,5 % sostiene que «se reduce algo». Apenas el 4,3 % cree que la decisión no altera el panorama.
Sobre las consecuencias, el 40,4 % anticipa una mayor concentración del poder en manos del Ejecutivo. Por su parte, el 24,5 % prevé más presión de la comunidad internacional.
Asimismo, el 23,8 % augura mayor desmovilización y desesperanza en la población. En cambio, solo el 4,3 % espera que se abran vías de diálogo o negociación.
«El aplazamiento puede ser interpretado como pérdida de una oportunidad de incidencia y alimentar el desgaste de las expectativas», advierte el informe.
Una reforma a la medida
El malestar responde a la reforma constitucional que amplió el periodo presidencial a siete años, ratificada por la Asamblea Nacional, cuyos diputados obedecen a la pareja dictatorial.
La misma reforma inhabilita de forma perpetua a más de 450 opositores y críticos despojados de su nacionalidad, a quienes la dictadura criminal califica de «traidores a la patria».
Igualmente, prolonga hasta 2028 los mandatos de jefes militares y policiales, magistrados y alcaldes al servicio del régimen. Según sus detractores, el cambio consolida el control oficialista sobre todas las instituciones del Estado.
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Casi 20 años en el poder
Ortega gobierna sin interrupción desde 2007, tras llegar al poder con un 38 por ciento de votos gracias a un pacto con el expresidente condenado por corrupción, Arnoldo Alemán.
Desde entonces ha sumado tres reelecciones consecutivas, la última en 2021, con los principales aspirantes opositores encarcelados y todas bajo fraudes electorales.
Por otro lado, expertos de la ONU han documentado represión, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, acusaciones que la dictadura rechaza con discursos de odio y retórica antiimperialista.
La oposición denuncia, además, corrupción y nepotismo a todo los niveles, principalmente en los negocios a cargo de los hijos de Ortega y Murillo, todos ellos sancionados por Estados Unidos y Europa.
Pese al clima de vigilancia extrema y censura, concluye Hagamos Democracia, la ciudadanía identifica con claridad la consolidación del modelo autoritario.