Mientras el gobierno hondureño y sus funcionarios promueven por todos los frentes el proyecto de ley de Justicia Tributaria, los principales partidos de oposición, el Nacional y el Liberal, insisten en rechazarla y la empresa privada mantiene su rotunda negativa a lo que consideran un paquetazo.
Mientras tanto en el Congreso Nacional decidieron conformar una comisión multipartidaria para dictaminar el proyecto de decreto. Esta será presidida por el diputado de Libertad y Refundación (Libre, oficialista), Hugo Noé Pino.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, también de Libre, dijo que la comisión iniciará labores este jueves para la “socialización” de la pretendida ley.
Lo que buscan es un consenso para obtener los 65 votos (de 128) para su aprobación.
Partido Nacional y el Liberal: ¡no!
Tanto la bancada del Partido Liberal (PL) como la del Nacional (PN) cerraron filas para rechazar la propuesta de ley.
El PL la considera “inoportuna” por la grave crisis económica que atraviesa Honduras y por la potencial pérdida de empleos que representaría de ser aprobada.
Incluso pidieron a los diputados oficialistas que asuman su rol y busquen el beneficio del pueblo.
El PN insiste en que se trata de un paquetazo.
“El partido y los 43 diputados hemos fijado posición en torno a la Ley de Justicia Tributaria, como está redactada no la vamos a acompañar”, dijo Tomás Zambrano, jefe de bancada.
La empresa privada, por su lado, la rechaza rotundamente por considerarla mal intencionada y que agravará la complicada situación económica del país.
El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, dijo que la Ley de Justicia Tributaria eliminaría el secreto bancario.
«Se habla sobre el secreto bancario, para qué quieren una liberalización de la información por parte de los funcionarios administrativos: para que caiga en manos de las maras y extorsionen a todo el que tiene billete”, criticó.
Lamentó además que haya sectores en Honduras que “no quieren ver cuál es el trasfondo verdadero de esta ley” e insistió en que es la empresa privada la que genera empleos en el país.
La ley busca eliminar una decena de concesiones fiscales que benefician a las empresas, lo que los privados consideran atentatorio contra la economía.