La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó este viernes su “grave preocupación” por la aprobación en El Salvador de una ley que obliga a personas y organizaciones que reciben financiamiento internacional a registrarse como “agentes extranjeros” y pagar un impuesto del 30 % sobre esos fondos.
Con 57 votos a favor y mediante dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa aprobó el martes 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros, que exige la inscripción de los beneficiarios de donaciones foráneas en un registro oficial bajo la administración del Ministerio de Gobernación.
La portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, advirtió que la normativa utiliza un “lenguaje ambiguo” y contiene disposiciones que podrían vulnerar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, pilares fundamentales para el trabajo de las organizaciones civiles.
“Nos preocupa seriamente la adopción de legislación en El Salvador que requiere a las personas naturales y jurídicas que reciben financiación de donantes internacionales a registrarse como ‘agentes extranjeros’”, indicó Throssell en un comunicado.
Además, alertó que quienes no cumplan con la inscripción enfrentarán sanciones severas y fuertes multas.
Según la ONU, esta ley puede estigmatizar la labor que realizan las organizaciones de derechos humanos en el país, e incluso forzarlas a cesar sus actividades debido a las nuevas restricciones financieras y legales impuestas.
“Instamos a las autoridades salvadoreñas a que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y a que garanticen un entorno propicio en el que la sociedad civil pueda desempeñar su función esencial”, concluyó Throssell.
