El bitcoin se ha convertido en una alternativa para la oposición exiliada de Nicaragua después de que el régimen de Daniel Ortega endureciera las represalias contra los activistas que recibían cooperación desde el exterior.
Esa fue la experiencia de Félix Maradiaga, opositor y exprecandidato a la Presidencia de Nicaragua en 2021, después de que el régimen rastreara el financiamiento procedente de la Unión Europea y Estados Unidos para apoyar el movimiento de restauración de la democracia en el país centroamericano.
“Aprendimos muy pronto que no podíamos utilizar el sistema bancario tradicional porque la represión financiera para el control político es en realidad, una de las áreas en las que los dictadores han aprendido mucho”, relató Maradiaga en una entrevista para Bitcoin Magazine.
Maradiaga fue uno de los 200 opositores que el régimen despojó de su nacionalidad y deportó a Estados Unidos en febrero de 2023. En medio de la campaña presidencial de 2021, Ortega ordenó su encarcelamiento durante 611 días y ahora se mantiene al frente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua.
El opositor, que participó en la Cumbre de Política Bitcoin de 2024 (Bitcoin Policy Summit), señaló que su esposa, Berta Valle, fue la primera en recurrir al bitcoin como una opción para transferir dinero a Nicaragua sin pasar por las alertas del sistema financiero tradicional, custodiado por el gobierno.
Una de las características principales del mercado de criptomonedas es que las transacciones se realizan en la blockchain, muchas veces en anonimato, y difícilmente de rastreo y sin intermediarios. Eso protege a los disidentes.
Maradiaga explicó a Centroamérica 360 que en el Bitcoin Policy Summit, presentó el estudio de caso de Nicaragua “para ilustrar cómo las dictaduras utilizan la represión financiera para el control político”.
“Esto implica usar el sistema bancario tradicional para oprimir a disidentes, opositores y defensores de derechos humanos. Los dictadores explotan las leyes contra el lavado de dinero para intentar silenciar a las voces críticas. El sistema bancario viola la confidencialidad de sus clientes y se ve obligado a proporcionar información confidencial sobre sus usuarios”, señaló Maradiaga.
Según el opositor nicaragüense, la dictadura Ortega-Murillo “manipula esta información financiera para cerrar ONG o fabricar acusaciones falsas”.
“Sostengo que Bitcoin, como una tecnología innovadora que no requiere bancos centrales, podría ayudar a los defensores de derechos humanos y disidentes a operar dentro de países bajo dictadura”, subrayó.
Maradiaga recordó que en 2018, el año del estallido de la crisis política, reunió un equipo para escribir los reportes de violación a los derechos humanos en Nicaragua; sin embargo, el régimen pudo acceder desde el envío del dinero de las organizaciones en el exterior hasta las órdenes de compras de cámaras.
Esto derivó en una persecución contra nueve organizaciones civiles, sostuvo. Mientras, las dictaduras utilizan la tecnología para continuar la represión, también la Fundación Libertad aprendió cómo las plataformas digitales podrían acercar recursos para los activistas que aún residen en Nicaragua.
“Bitcoin es la única herramienta a prueba de balas contra la represión financiera de los dictadores”, añadió el activista, al tiempo que aseguró que no son “entusiastas” ni inversionistas de la criptomoneda sino que buscan cómo la tecnología se puede utilizar para enviar recursos a los defensores de los derechos humanos que ponen sus “vidas enfrente” de las causas.
Nicaragua no tiene una regulación específica para el uso del bitcoin, como El Salvador que en septiembre de 2021 adoptó su uso como moneda de curso legal; sin embargo, eso no impide que los negocios acepten transferencias o las personas utilicen los monederos de criptomonedas.
Maradiaga añadió que la dictadura de Ortega toma represalias contra los defensores de derechos humanos congelando las cuentas bancarias bajo el argumento arbitrario que se cumplen regulaciones sobre lavado de dinero, en línea con las recomendaciones emitidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto, sostuvo, ha llevado al cierre de 3,400 ONG.