La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) incluyó al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa y codictadora, Rosario Murillo, en su lista de los 33 mayores depredadores de la libertad de prensa de 2026, al responsabilizarlos de la persecución contra periodistas independientes, el cierre de medios de comunicación y el exilio de cientos de profesionales de la información.
La organización internacional divulgó el listado con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado el 2 de noviembre. En su informe, RSF señala que Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, y Murillo consolidaron un sistema de restricciones contra el periodismo independiente mediante detenciones, confiscaciones, amenazas y campañas de desprestigio dirigidas contra comunicadores y medios críticos.
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, Nicaragua ocupa el puesto 168 entre 180 países evaluados, una posición que refleja las restricciones denunciadas por RSF. La organización sostiene que la familia Ortega-Murillo tomó el control de diversos medios nacionales, utilizados posteriormente para difundir propaganda oficial, mientras las autoridades intensificaron las acciones contra las voces independientes.
Uno de los principales efectos de esta situación es el desplazamiento de periodistas fuera del territorio nicaragüense. De acuerdo con cifras de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), más de 313 profesionales de los medios de comunicación se vieron obligados a exiliarse desde 2018, cuando comenzó la represión de las protestas antigubernamentales. RSF advierte que las acciones de intimidación también alcanzan a comunicadores que buscaron refugio en otros países.
La organización documentó además que, desde 2018, el Gobierno nicaragüense cerró o confiscó más de 60 medios de comunicación. Entre los episodios recientes destacó el cierre de Radio Stereo Romance, ocurrido el 8 de mayo de 2026, después de que las autoridades revocaran sus frecuencias de transmisión y confiscaran sus equipos. La medida puso fin a 31 años de operaciones de la emisora independiente.
RSF también recogió declaraciones de Ortega contra los medios independientes, a los que acusó de actuar contra el país. “Cada día, [los medios independientes] lanzan amenazas y ataques contra el pueblo nicaragüense, a través de las redes sociales y de los medios que los financian en otros países», expresó el mandatario en mayo de 2026.
La organización identifica la confiscación de medios, el exilio forzado y la persecución transnacional de periodistas como los principales mecanismos utilizados por el Gobierno nicaragüense para restringir la información.
Nicaragua entre los países señalados por persecución periodística
El informe de RSF ubica a Ortega entre los dirigentes que aparecen de manera recurrente en sus registros sobre ataques a la libertad de prensa, junto con el presidente ruso, Vladimir Putin. La edición de 2026 también incorpora al presidente estadounidense, Donald Trump, y señala a gobiernos, organizaciones criminales y grupos económicos por diferentes mecanismos de presión contra periodistas y medios de comunicación.
La organización explica que los 33 perfiles seleccionados representan distintas formas de represión contra el ejercicio periodístico, desde agresiones físicas, encarcelamientos y procedimientos judiciales hasta campañas digitales, manipulación informativa y presiones económicas.
El director general de RSF, Thibaut Bruttin, destacó que el objetivo de la publicación es identificar a quienes obstaculizan el acceso ciudadano a información independiente y documentar las responsabilidades detrás del deterioro de las libertades informativas.
“Identificar a los depredadores, exponer sus métodos y documentar sus abusos es negarse a que sus ataques se conviertan en algo habitual. Frente a quienes pretenden imponer el silencio, RSF seguirá nombrando a quienes matan al periodismo”, afirmó Bruttin.
En el caso de Nicaragua, la organización mantiene sus señalamientos contra Ortega y Murillo por las restricciones al trabajo periodístico, la desaparición de numerosos espacios informativos independientes y el desplazamiento de comunicadores que continúan ejerciendo su profesión desde el extranjero.
