El gobierno del presidente panameño José Raúl Mulino está considerando la posibilidad de cancelar los contratos de Hutchison Ports PPC, una subsidiaria del conglomerado chino CK Hutchison Holdings, en medio de presiones de la administración Trump sobre la influencia de la República Popular China en el Canal de Panamá, según reveló la agencia de noticias Bloomberg, citándomelo a fuentes que pidieron no ser identificadas dada la sensibilidad comercial y política del tema.
Según Bloomberg, sus fuentes advirtieron que no se ha tomado ninguna decisión y que el gobierno procedería de una manera destinada a evitar demandas y seguir el debido proceso.
Si tal medida se lleva a cabo, marcaría un gran regalo para Trump, quien sostiene que China tiene demasiado control sobre el canal y no ha descartado apoderarse de él por la fuerza. Hutchison Ports opera dos de los cinco puertos adyacentes al Canal de Panamá, uno a cada lado. China ha erosionado constantemente la autonomía de Hong Kong en los últimos años.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a las autoridades panameñas durante una visita el domingo que se deben tomar medidas para frenar lo que él llamó la influencia “inaceptable” de China sobre el canal construido en Estados Unidos, que fue cedido a Panamá en 1999 bajo un tratado firmado dos décadas antes por el presidente Jimmy Carter.
Hutchison ha dirigido los puertos de Balboa (en el caribe) y Cristobal de Panamá (en el pacífico) bajo una concesión que se firmó por primera vez en 1997 y, en 2021, se extendió hasta 2047.
No es la única acción con respecto a los puertos.
“Este contrato adolece de una serie de defectos que contravienen lo establecido en la constitución. Consideramos que los magistrados deben analizar estos argumentos y declarar la inconstitucionalidad de este contrato”, señaló el abogado Julio Macías, quien junto a su colega Norman Castro presentaron la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley No.5 de 16 de enero de 1997, fundamento del contrato.
Según Macías, la demanda identifica diez violaciones constitucionales. El contrato permitió a la empresa china el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de contenedores, pasajeros y carga general en Balboa, provincia de Panamá (pacífico) y Cristóbal, provincia de Colón (atlántico).
Según los abogados, el contrato con la empresa china contiene los mismos vicios legales que el contrato suscrito con Minera Panamá y que fue declarado inconstitucional por la Corte en noviembre de 2023.
Además, la Contraloría de Panamá anunció el pasado 21 de enero una auditoría financiera y de cumplimiento a la empresa PPC.
El contralor general de Panamá, Anel Flores, anunció la auditoría la semana pasada, argumentando que PPC está generando un retorno “muy poco significativo” para la nación.
“Estamos frente a una situación que no podemos permitir. Entraremos con una auditoría severa para garantizar que los acuerdos de concesión se estén cumpliendo y que los aportes al Estado sean los adecuados”, afirmó Flores en su primera conferencia de prensa el pasado 14 de enero.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo la semana pasada que tenía “cero dudas” de que China tiene un plan de contingencia para cerrar el Canal de Panamá en caso de conflicto con Estados Unidos y que Washington tiene la intención de hacer frente a lo que considera una amenaza para la seguridad nacional.
Alrededor del 75 % de la carga que transita por el Canal de Panamá va hacia o desde los Estados Unidos, lo que lo convierte, con mucho, en el mayor beneficiario de la ruta. El canal recaudó casi 5 mil millones de dólares en el año fiscal 2024, o alrededor del 4 % del producto interno bruto de Panamá.