El gobierno de Panamá ofreció la ciudadanía a más de 300 nicaragüenses desterrados por la dictadura Ortega-Murillo y mostró su preocupación por los abusos “en materia de derechos humanos”, cometidos por el régimen.
En un comunicado, la Cancillería panameña se refirió a la “compleja situación de sus ciudadanos” (de Nicaragua) que fueron apresados y luego liberados para ser expulsados y decenas más a quienes la dictadura les retiró su nacionalidad por ser opositores.
Recordó que Panamá es parte de las Convenciones contra la Apatridia, por lo que considerará todas las solicitudes que se hagan ante el gobierno “en el marco de estos instrumentos jurídicos”.
“El compromiso de la humanidad con la obligación de superar la condición de apatridia nos convoca a todos. De ahí, la República de Panamá hace un llamado al Gobierno nicaragüense a garantizar el derecho insoslayable de las personas a mantener una nacionalidad, como derecho consagrado en la legislación de todos nuestros países”, añadió.
Son 317 ciudadanos nicaragüenses a los que el régimen les retiró su nacionalidad, entre ellos los laureados escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, a los obispos Rolando Álvarez, al excomandante de la revolución Luis Carrión, a la legendaria exguerrillera Dora María Téllez, a la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, al periodista Carlos Fernando Chamorro, entre otros, todos muy críticos del Gobierno de Daniel Ortega.
España, Estados Unidos, Chile y Ecuador habían ofrecido en días recientes a los nicaragüenses “castigados” la oportunidad de optar a la nacionalidad.
