El considerado hombre fuerte de Guatemala y a quien se señala como la pareja sentimental del presidente, Miguel Miguelito Martínez, fue sancionado con la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, anunció este viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este 1 de diciembre.
A Miguelito lo “castigan” por su “papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales”.
La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos es una legislación que le permite al presidente de Estados Unidos sancionar sanciones a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos de derechos humanos y otras violaciones.
Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y de quien se dice es una especie de titiritero que mueve en la oscuridad los hilos del oficialismo y a quien achacan muchos de los turbios planes que se han denunciado durante el mandato de Alejandro Giammatei, llegó a ser un super funcionario, que decidía sobre ministros y se arropaba decisiones del más alto nivel.
La respuesta de Miguelito fue un desafío a Estados Unidos, diciendo que no lo intimidarán. La publicó en redes sociales.
Con esta sanción, Giammattei, un mandatario a quien muchos acusan de ser el principal responsable de los atentados contra la democracia que mantienen en crisis política al país, recibe de parte de Estados Unidos el más duro golpe personal, en lo que bien podría interpretarse con un claro mensaje para sosegar ese apego al poder que ha llevado al gobierno y a algunas instituciones estatales a brincarse el estado de derecho.
Con la sanción, Miguelito, de 34 años, puede ser intervenido en cualquier lugar por las autoridades de Estados Unidos y tiene prohibido el ingreso a ese país norteamericano.
“La acción de hoy subraya el impacto corrosivo de la corrupción en la confianza del público en las instituciones gubernamentales. Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”, dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian E. Nelson.
“El gobierno de Estados Unidos seguirá responsabilizando a las personas cuyos planes corruptos socavan la democracia y dañan a las poblaciones de todo el mundo”.
Hace unas semanas, Martínez y varios de sus familiares fueron atacados a la salida de una parroquia en Antigua Guatemala y una turba les lanzó piedras e insultó, señalando al exfuncionario como corrupto.
¿Qué es la ley?
Esta ley fue aprobada en Estados Unidos en 2012 y fue aplicada por primera vez a funcionarios rusos implicados en el crimen del abogado, contador y auditor ruso Sergéi Magnitsky.
La ley primero anuló su visado, luego impidió a los acusados entrar al país norteamericano y a utilizar su sistema bancario en cualquier parte del mundo.
Según la ley, los afectados reciben una notificación de los bancos donde tengan sus depósitos para que los retiren de inmediato sin que puedan transferir sus capitales al extranjero.
Si un banco incumple la orden, sería sancionado por los Estados Unidos y sus países socios, pues todo el sistema financiero mundial que trabaja en conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos evitaría relacionarse con el dinero de las personas sancionadas con esta ley.
Sus tarjetas de crédito son revocadas y puestas en alerta roja para evitar retiros o compras en línea.
Además, la ley permite a las autoridades estadounidenses rastrear los capitales de los afectados y congelarlos en cualquier parte del mundo.
El efecto de la ley también alcanza a las familias de los sancionados, especialmente si estos dependen de esas finanzas, y pretenden emprender nuevos negocios para lavar el dinero sancionado.
Las personas sancionadas, según la ley, podrían ser capturadas en suelo norteamericano, incluso fuera de él, en países centroamericanos pues aunque no lo faculta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede ejecutar una acción paralela a esa medida en un acuerdo con otro Estado sin la necesidad de que lo aprueben en el Congreso.
