Guatemala tuvo serios problemas de cometimiento de hechos que violentan los derechos humanos durante 2022, entre los que figuran la persecución política como revancha en contra de exfuncionarios que persiguieron la corrupción, arrestos arbitrarios, serias amenazas a la libertad de prensa y corrupción gubernamental en niveles graves, de acuerdo a un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Según el informe sobre prácticas de derechos humanos publicado este lunes, se encontraron evidencias y reportes creíbles sobre condiciones carcelarias duras y hasta potencialmente mortales, el arresto de ciudadanos de forma arbitraria, falta de independencia del poder judicial, y graves restricciones a la libertad de expresión lo que constituye un atentado contra la democracia.
Hubo “amenazas de violencia contra periodistas y arrestos o enjuiciamientos injustificados contra periodistas; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género”, dice el reporte.
Además señala la violencia contra grupos indígenas, la comunidad LGBTI y hasta a personas con discapacidades.
“La impunidad, incluso por parte de funcionarios de alto nivel, siguió siendo generalizada. La corrupción, los esfuerzos de los actores del crimen organizado para garantizar la impunidad y el socavamiento de las instituciones anticorrupción y el poder judicial por parte de actores políticos corruptos dificultaron la investigación y el enjuiciamiento significativo de los delitos, incluidos la corrupción y los abusos de los derechos humanos, que involucran a funcionarios públicos”, especifica el resumen de este informe que es realizado por el Departamento de Estado cada año.
Aunque el reporte aclara que “no hubo informes confirmados de impunidad en el ejército; sin embargo, la percepción pública era que la impunidad dentro de la PNC era generalizada”
El sistema carcelario también es señalado, pues las “condiciones de la prisión son duras y pueden poner en peligro la vida, con múltiples casos de reclusos que mataron a otros reclusos. Las agresiones sexuales, el saneamiento inadecuado, la atención médica deficiente y el hacinamiento severo pusieron a los reclusos en un riesgo significativo”.
Un sistema judicial muy cuestionado
En un apartado titulado “Negación a un juicio justo”, el informe hace hincapié en que en general, “el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a ineficiencia, la corrupción y la intimidación de los jueces”.
Y señala que en el caso de actuar en contra de exfuncionarios que persiguieron la corrupción, el Ministerio Público sí obtuvo rápidamente órdenes de arresto contra ex y actuales fiscales, tan solo unos días después de recibir denuncias judiciales.
“Los jueces retrasaron los procesos para que esos mismos fiscales anticorrupción permanecieran en prisión preventiva más allá de lo que permite la ley. Los representantes de la sociedad civil citaron estas acciones como evidencia de la aplicación inconsistente de los procedimientos legales y la manipulación política del sistema de justicia”, se plantea.
Los cuestionamientos del Departamento de Estado incluyen la persecución e intimidación de periodistas y medios de comunicación, de prácticamente obliga a la autocensura, para evitar repercusiones mayores en contra de estos o sus familiares.
El caso de la exfiscal Thelma Aldana, quien persiguió con firmeza la corrupción y que ahora vive exiliada y perseguida por acusaciones de lavado de dinero, es abordado uno de amenazas, hostigamiento, vigilancia y coerción de parte del Estado.
Estos, entre otros, son los señalamientos más graves que incluye el informe.
