La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseveró que no se reunirá con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, para revisar las restricciones al presupuesto del Poder Judicial, pues considera que es mejor esperar la resolución de la Sala Constitucional sobre el tema.
Fernández dijo ante medios de comunicación que dará marcha atrás en la revisión de las restricciones presupuestarias del Poder Judicial para “no perder el tiempo”, cuando es la Sala Constitucional quien deberá resolver el tema.
Es importante recordar que Vargas interpuso un amparo ante la Sala porque el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla un recorte de 10,000 millones de colones ($22.154 millones) y congeló otros 30,000 millones ($66.4 millones) para el Poder Judicial.
Como medida cautelar, la Sala ordenó frenar la votación del presupuesto en segundo debate. Mientras tanto, el oficialismo de Pueblo Soberano decidió continuar la discusión y solo frenar la votación, por lo que, diputados opositores presentaron un segundo amparo, en el que la Sala ordenó frenar la discusión y la votación.
“La reunión que yo le propuse a doña Patricia por el recurso de amparo que ella presentó para reclamar esas normas de eficiencia en el recurso de los fondos, pues le dije que mejor no la hiciéramos para no perder el tiempo y que esperemos que la Sala resuelva”, afirmó la Presidenta Fernández.
Las declaraciones de Fernández se acoplaron a las expresadas la semana pasada por el expresidente y ahora ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien cuestionó la utilidad de una comisión acordada por Fernández y Vargas para analizar las restricciones presupuestarias.
Las dos representantes del Poder Ejecutivo y Judicial se reunieron a inicios de mes para fomentar el diálogo y dieron una conferencia conjunta donde dijeron tener la “buena voluntad” de trabajar juntas. En ese momento, Vargas ya había presentado el amparo, pero parecía no ser un problema para el Ejecutivo.
Vargas le argumentó a Fernández que las restricciones presupuestarias afectarán el funcionamiento del Poder Judicial, pues se tendrían que cerrar oficinas de la Fiscalía, no se podría renovar equipo de agentes policiales y se limitaría la disponibilidad de cuerpos policiales para operativos.
Mientras tanto, será la Sala Constitucional quien decida el futuro del presupuesto, aunque el oficialismo rechaza el retraso porque tienen hasta finales de noviembre para aprobar el presupuesto.







