El régimen de excepción en El Salvador cumple un año este 27 de marzo entre aplausos de la mayoría de la población, por el notable impacto en la disminución de los índices de violencia en el país, y los reclamos de la oposición, organismos de derechos humanos y familiares de reos que, aseguran, fueron arrestados injustificadamente y a algunos hasta les provocaron la muerte dentro de prisión.
Pero entre las pasiones que desata el tema hay un hecho innegable: ha resultado efectivo para combatir a uno de los cánceres que desangraba a la sociedad, las maras o pandillas.
“Las pandillas en general han sido reducidas a una mínima expresión”, dijo el presidente Nayib Bukele hace unos meses.
Los mismos medios de comunicación que constantemente critican al gobierno, y que el mandatario califica de oposición o afines a las pandillas, han confirmado eso.
En colonias enteras que permanecían sitiadas por los pandilleros, en donde hasta para instalar el servicio de televisión por cable en una casa particular había que pedirle permiso al jefe mara, ahora los vecinos caminan por las calles sin aquel permanente temor de ser víctimas de algún abuso, de tener que colaborar con los “muchachos” (como les llaman a los mareros), o de quedar en medio de una balacera entre grupos rivales.
Por años, los salvadoreños pidieron un combate frontal contra las pandillas, uno efectivo, que fuera más allá de la promesa política. Y clamaban por una dura represión del delito, que la autoridad no tuviera temor de meterse con los que controlaban el crimen organizado, la extorsión, la violación y que cometían los asesinatos más monstruosos que se pudieran imaginar (como dejar a una persona completamente mutilada y lanzar sus miembros en diferentes puntos de una localidad).
El clamor fue escuchado y el objetivo se cumplió. Los hechos hablan por sí mismos.
Más de 65,000 arrestados (la gran mayoría pandilleros), más de 300 días sin homicidios, y una reducción de asesinatos anual de más de un 50%. Esto ha permitido que El Salvador pasara de ser uno de los países más violentos del mundo a uno de los “más seguros” de la región.
“Violación de derechos humanos”
Como en toda historia hay dos o más verdades. Los organismos defensores de derechos humanos sostienen que el régimen de excepción ha permitido la sistemática violación de garantías fundamentales de los ciudadanos.
Según Human Rights Watch, desde que se implantó la medida extraordinaria para combatir la criminalidad, las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos.
La opinión la comparte Cristosal, una ONG local que desde que comenzó el régimen ha acompañado a familias que se dicen afectadas por arrestos injustificados de parientes.
“Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”, ha dicho recientemente Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
“Para poner fin a la violencia de pandillas y a las violaciones de derechos humanos, el gobierno de El Salvador debería reemplazar el régimen de excepción con una política de seguridad eficaz y respetuosa de los derechos humanos que garantice a los salvadoreños la seguridad que tanto merecen”, según ella.
Incluso, estos organismos y otros, sumados a la oposición política, que está muy atomizada desde que Nayib Bukele ganó las presidenciales en 2019, sostienen que la medida ha permitido la corrupción en diferentes esferas del gobierno.
Probarlo es complicado, porque todos los detalles que tienen que ver con los costos de la aplicación del régimen tienen reserva y no pueden ser revelados.
En las afueras de las cárceles es común ver familiares desesperados por obtener noticias de “sus presos” y sostienen que muchos de estos han sido capturados de forma arbitraria.
El informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos más reciente dice que ha encontrado en muchas de estas denuncias evidencias creíbles que suponen el cometimiento de las violaciones a las garantías fundamentales ciudadanas.
El presidente Bukele, por su parte, y todo el oficialismo sostienen el discurso de que los derechos humanos que se deben defender son los de las víctimas de las pandillas y del resto de criminales, y no de los victimarios.
Pero Cristosal elevó los reclamos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace dos semanas. Presentó, a nombre de 66 presuntas víctimas, una demanda contra el Estado salvadoreño, al que acusa de violación sistemática de garantías ciudadanas.
Popularidad intacta
Aunque a Bukele y su entorno esas críticas y cuestionamientos parecen no quitarle el sueño.
En Twitter, la red social preferida por el mandatario para comunicar sus decisiones o decir lo que piensa, ha dejado ver muchas veces que está decidido a llevar su guerra contra las maras mucho más allá de donde la tiene un año después del régimen de excepción, el mismo que ha sido prorrogado 12 veces por los diputados oficialistas de Nuevas Ideas y sus aliados, ante raquíticos esfuerzos de opositores por frenarlos.
De hecho, una de las encuestas más recientes le da a Bukele un 91% de aprobación de la población, principalmente por el combate contra las pandillas. Ese índice nunca había sido obtenido por ningún gobernante en la era democrática de El Salvador. Y la misma medición le da un 92.5% de respaldo a la política de seguridad.
Con tanto aplauso local, es lógico que al mandatario no le preocupe la crítica.
Las pandillas por el momento están en shock. Muchos de sus cabecillas están detenidos y otros huyen o se esconden, para no ser detectados por las autoridades.
Bukele ha dicho que marero detenido será marero que irá a parar a prisión y estará completamente aislado, algo a lo que los pandilleros siempre han temido.
El régimen de excepción fue la respuesta del gobierno a un fin de semana particularmente sangriento, en el que los mareros mataron 87 personas. Esa escalada cambió el escenario, en el que según investigaciones periodísticas Bukele y su gobierno venían negociando con las pandillas a cambio de que disminuyeran los crímenes. Eso tampoco parece importarle al gobierno, el que sepa de tales trances.
La megacárcel
En medio del régimen, el gobierno construyó la megacárcel más grande de Latinoamérica, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una enorme y moderna penitenciaría en la que caben 40,000 reos y por el momento solo hay 4,000. Todos pandilleros. Está ubicada en una zona rural, aislada de poblados en el municipio de Tecoluca, en el central departamento de San Vicente.
Y esa obra le ha dado a Bukele argumentos para presumir y hasta para pelear en Twitter con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que lo criticó por cómo mostraba a los detenidos, en pantaloncillos blancos, descalzos y sin camisas. Pero de nuevo, eso no le ha afectado al mandatario salvadoreño.
Y todo indica que el régimen de excepción se prorrogará una vez más, a mediados de abril. Y de nuevo los seguidores de Nayib Bukele, que son muchos, volverán a aplaudirle.
¿Vivir con seguridad o democracia plena? Esa parece ser la pregunta de fondo que, aunque suene sencilla, tiene tantos matices para interpretaciones que se vuelve un tejido complejo.