Los allanamientos del Ministerio Público al Centro de Operaciones del Proceso Electoral de Guatemala concluyeron en medio de reclamos y condenas sociales y políticas contra la parte fiscal, por considerar que estos vulneran el proceso de votaciones y atentan contra la democracia y voluntad popular.
El cuestionado jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (Feci), Rafael Curruchiche, volvió a justificar la “intromisión” y dijo que “derivado de la orden de un juez competente que autoriza la diligencia de allanamiento, inspección y registro, al concluir la misma, los indicios quedan en poder del Tribunal Supremo Electoral para su resguardo correspondiente”.
Según Curruchiche, fueron 70 las cajas abiertas por los fiscales, pero que en todo momento hubo participación del Tribunal Electoral y está documentado.
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Incluso, sostuvo que un representante del TSE firmó de recibido “la cadena de custodia correspondiente”.
“Se desvirtúa lo que han manifestado ciertas personas y ciertos sectores en el sentido de que se pudo haber vulnerado la confidencialidad, la secretividad del voto de los guatemaltecos”, añadió.
Las críticas contra Curruchiche y su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, son varias. El gobierno de Estados Unidos los calificó de atentar contra la democracia y avisó de nuevas sanciones de parte del gobierno en contra de ellos; el Parlamento Europeo los responsabilizó de atentar contra la voluntad popular en una resolución y el mismo presidente electo, Bernardo Arévalo pidió sus renuncias.
Los allanamientos al Registro de Ciudadanos y el Centro de Operaciones, ambas dependencias del Tribunal Electoral, fueron allanados desde el martes y hubo fuerte presencia policial en estos.
La arremetida judicial ocurrió en medio de las reuniones de transmisión presidencial y en protesta, Arévalo se retiró de esas sesiones hasta que no existan garantías de que el intento de “golpe de estado” en su contra haya terminado.