Se develó lo que se sospechaba: la decisión de excluir a las empresas chinas del servicio de telecomunicaciones de 5G en Costa Rica fue una decisión política que la gigante tecnológica Huawei ya pelea en los tribunales ticos.
El viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas Picado, justificó la exclusión de empresas chinas como proveedoras de redes y soluciones 5G, alegando que China tiene un Estado totalitario y su normativa interna obliga a sus compañías a realizar acciones de espionaje en otras naciones, como apoyo a los servicios de inteligencia del régimen.
Según Vargas, el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional de la República Popular de China establece que todas las organizaciones (incluidas empresas) y ciudadanos asistirán y cooperarán en el trabajo de inteligencia nacional y guardarán los secretos del trabajo de espionaje que indaguen.
“Yo entiendo que se dice que hay otros países que han espiado a otros, y eso será una situación de política que requiere análisis, pero hay países de estos que ustedes han indicado, que no tiene tienen una normativa sólida que permite la intervención de una compañía, por parte de un Gobierno o un Estado, que es totalitario, verdad, como China”, dijo Vargas.
Hubert Vargas, viceministro de telecomunicaciones de Costa Rica:
“Hay países que no tienen una normativa así de sólida que permite la intervención de una compañía por parte de un gobierno o un Estado que es totalitario, verdad, como China”.Por @teleSURtv pic.twitter.com/rkHhEEnAfb
— Esteban Cerdas (@EstebantlSUR) October 12, 2023
El jerarca hizo las aseveraciones, la noche del miércoles, ante cuestionamientos de diputados sobre los criterios técnicos que llevaron al Gobierno costarricense a emitir un reglamento que impide la compra de equipos o programas de 5G a empresas que provengan de naciones no firmantes del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, suscrito en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001, del cual China no forma parte.
“Esto es una pieza de información, para mejor proveer, en por qué este reglamento incorpora ciertas limitaciones sobre bloques económicos, que no están siendo socios leales en su relación con otros”, agregó el viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Se trata del decreto 44196-MSP-MICITT, del 31 de agosto anterior que, al fijar como requerimiento la adhesión al Convenio de Budapest, dejaría por fuera del negocio de 5G en Costa Rica a la firma china Huawei.
La empresa de telecomunicaciones Huawei interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica debido a su potencial exclusión de los procesos de contratación para el desarrollo de la tecnología 5G en el país centroamericano.
El portavoz de Huawei confirmó esta semana que la presentación del recurso de amparo tiene como objetivo “defender el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación”, así como “proteger a la industria y ciudadanos de Costa Rica”.
“Como empresa que opera en este país desde hace 16 años, Huawei confía firmemente en el estado de derecho y la Constitución Política de Costa Rica, como garantía de un entorno empresarial justo, seguro y equitativo”, concluyó el portavoz.
Este recurso de amparo está dirigido contra el Instituto de Costarricense de Electricidad (ICE), empresa estatal de energía y telecomunicaciones que abrirá un concurso para implementar y operar tecnologías 5G en sus redes, en el marco de un reglamento publicado por el Gobierno el pasado 31 de agosto que deja fuera a empresas chinas.
La resolución de la Sala Constitucional sobre este recurso de amparo también podría incidir en el reglamento.
El reglamento, publicado mediante un decreto presidencial, establece como uno de los requisitos para participar en contratos de desarrollo de tecnología 5G y superiores, que los países de origen de las empresas hayan suscrito o estén en proceso de adhesión al Convenio de Budapest, que tiene que ver con ciberseguridad y lucha contra la ciberdelincuencia.
China no es signatario de ese convenio, por lo que empresas como el gigante tecnológico Huawei no podrán participar en los contratos para equipos y software 5G en Costa Rica.
Esta decisión del Gobierno de Costa Rica provocó una queja pública de la Embajada de China a inicios de septiembre.
Costa Rica y China establecieron relaciones diplomáticas en 2007 y ambos países tienen vigente desde 2011 un tratado de libre comercio.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y su ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, se han referido varias veces al asunto y afirman que la intención no es excluir empresas chinas, sino establecer los más altos estándares en ciberseguridad.
El Gobierno de Costa Rica ha negado que su posición se enmarque dentro de la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.
En los últimos meses Estados Unidos, que sí es signatario del Convenio de Budapest, ha incrementado su cooperación con Costa Rica en materia de ciberseguridad y este fue uno de los puntos de interés de la visita que realizó el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, a Washington a finales de agosto, donde se reunió con el mandatario estadounidense, Joe Biden.