El informe final del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles, reveló no solo la existencia de 2 estructuras paralelas de financiamiento, sino también presuntas irregularidades en el uso de bonos de deuda electoral, conocidos como certificados de cesión de la contribución estatal.
El documento, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, detalla cómo estos bonos, que permiten a los partidos políticos anticipar recursos en función de la deuda electoral que recibirán del Estado, habrían sido utilizados de manera anómala para sufragar gastos de la campaña de Chaves en 2022.
Estructuras paralelas y anomalías en bonos
La investigación del TSE había confirmado previamente la existencia de dos estructuras financieras no registradas oficialmente, que operaban en paralelo al financiamiento reportado por el partido Progreso Social Democrático (PPSD), con el que Chaves llegó al poder.
Estas estructuras permitieron el ingreso de recursos sin el debido control electoral, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Ahora, el informe del órgano electoral amplía el hallazgo al señalar que, además de estos esquemas irregulares, hubo posibles anomalías en la administración de los certificados de cesión de la contribución estatal. Estos instrumentos financieros, que permiten a los partidos obtener liquidez inmediata a cambio de parte de la deuda política que les corresponde, habrían sido gestionados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
Según fuentes cercanas al proceso, se detectaron inconsistencias en la documentación de las cesiones, posibles sobrevaloraciones de los bonos y falta de trazabilidad en algunos de los fondos obtenidos a través de estos certificados.
El informe también apunta a posibles conflictos de interés en la negociación de los bonos con entidades financieras y empresarios que posteriormente habrían obtenido beneficios políticos o contractuales con la administración de Chaves.
Impacto político y legal
El hallazgo de irregularidades en el financiamiento de la campaña del actual presidente profundiza la crisis política en Costa Rica y aumenta la presión sobre el gobierno y el partido PPSD.
Desde su llegada al poder, la administración Chaves ha enfrentado constantes cuestionamientos por el manejo de su campaña electoral, la falta de transparencia en el financiamiento y la relación con sectores empresariales que habrían aportado fondos de forma irregular.
El informe del TSE podría derivar en nuevas acciones legales, incluyendo sanciones administrativas contra el partido y posibles investigaciones penales si se determina que hubo delitos financieros en el manejo de los bonos de deuda electoral.
Diversos sectores políticos han solicitado que el Ministerio Público abra una investigación formal sobre estos hallazgos, mientras que la oposición en la Asamblea Legislativa ha adelantado que impulsará una comisión especial para indagar a fondo el financiamiento de la campaña de Chaves.
Por su parte, el presidente y su equipo han negado reiteradamente cualquier irregularidad en su campaña y han acusado al TSE de actuar con sesgo político.
No obstante, el informe del tribunal electoral refuerza las sospechas de que la victoria de Chaves en 2022 estuvo marcada por la falta de transparencia.