El Consejo de la Unión Europea (UE) prorrogó este 9 de octubre las sanciones contra 21 personas y tres entidades de la dictadura Nicaragua, que seguirán bajo ese régimen hasta el 15 de octubre de 2027.
Las sanciones, según nota de prensa desde Bruselas, es por la represión, las violaciones de derechos humanos y el deterioro de la democracia y el Estado de derecho bajo el régimen de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La decisión prolonga por un año más las medidas restrictivas que la UE mantiene desde 2019, después de que las autoridades comunitarias establecieran ese marco de sanciones ante el deterioro de la situación política y de los derechos humanos en el país centroamericano.
La lista incluye a Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, y a sus hijos Laureano Facundo, Rafael, Camila Antonia y Juan Carlos Ortega Murillo.
Así como a altos cargos policiales y responsables de instituciones estatales señalados por su participación en la represión o por socavar el pluralismo político y las garantías democráticas.
Lea más: La OEA emplaza a dictadura de Nicaragua: exige elecciones y la liberación de presos políticos
La policía y sus mandos en la lista
Entre los sancionados figuran el director general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz, y otros mandos de esa institución, algunos de los cuales han sido retirados y apresados por el mismo régimen al que han servido.
La UE los responsabiliza de graves violaciones de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas y represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en 2018, cuando asesinaron a 355 ciudadanos e hirieron a más de 2,000.
Los mandos policiales sancionados son Ramón Antonio Avellán, Luis Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Juan Antonio Valle Valle, Adolfo Marenco y Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, entre otros funcionarios incluidos individualmente en la lista europea.
El Consejo considera que la Policía Nacional desempeñó un papel determinante en la represión de las protestas antigubernamentales de 2018 y en la persecución de opositores, dirigentes sociales, estudiantes y periodistas independientes.
Las medidas también alcanzan al Consejo Supremo Electoral, cuyos responsables están señalados por sus fraudes en los procesos electorales que, según la evaluación europea, carecieron de transparencia, competencia política efectiva y condiciones para una oposición democrática.
Lea además: Estados Unidos advierte riesgos extremos para los inversionistas en Nicaragua
Poderes del Estado y círculo familiar
La lista incluye además a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y a otros responsables vinculados al aparato institucional del régimen, entre ellos figuras del sistema judicial y de la Fiscalía.
En el ámbito judicial, la UE ha señalado a funcionarios por instrumentalizar la justicia para perseguir a opositores, facilitar detenciones arbitrarias y restringir la participación política.
Entre ellos figura Alba Luz Ramos, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, además de la exfiscal general Ana Julia Guido, hoy presidenta del aparato judicial.
Lea también: Codictadora Rosario Murillo purga a tres altos mandos policiales en Nicaragua
Los hijos de Ortega y Murillo también figuran en las sanciones por sus respectivos papeles en estructuras de comunicación, propaganda, gestión económica y apoyo político al núcleo gobernante.
Juan Carlos Ortega dirige Canal 8 y está vinculado al sector de medios afines al régimen, mientras Camila Ortega ha ocupado cargos relacionados con la comunicación oficial y la denominada economía creativa.
Laureano Ortega actúa como asesor presidencial y ha participado en gestiones económicas del Ejecutivo y su hermano Rafael ha estado a cargo del lavado de activos y negocios de la familia.
Congelación de activos y prohibición de viajar
Las sanciones implican la inmovilización de los bienes y recursos económicos de las personas y entidades incluidas en la lista.
Además, los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición, directa o indirectamente.
Las personas sancionadas también tienen prohibido viajar a territorio comunitario o transitar por él, de acuerdo con las medidas vigentes.
La UE reiteró su condena a la represión sistémica en Nicaragua y reclamó la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento del Estado de derecho y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Lea más: Nicaragua se convierte en una pesadilla para turistas y creadores de contenido
Asimismo, defendió el diálogo entre el régimen y la oposición para acordar reformas electorales que contribuyan a una salida democrática, pacífica y negociada de la crisis política.
El marco europeo de sanciones se estableció en octubre de 2019 y se revisa anualmente.
Con la nueva prórroga, las medidas seguirán vigentes hasta octubre de 2027, mientras la UE mantiene su respaldo a las aspiraciones del pueblo nicaragüense de democracia, respeto a los derechos humanos y Estado de derecho.