La región centroamericana pasa por una época de graves violaciones a los Derechos Humanos y deterioro democrático en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, según la organización Human Rights Watch en su Informe Mundial 2023 divulgado este jueves.
HRW denuncia la ola represiva de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua, el deterioro democrático en Guatemala y El Salvador, así como la falta de independencia judicial e impunidad prevaleciente en Honduras.
El informe no incluye a Costa Rica, Belice y Panamá como casos de preocupación en derechos humanos.
Nicaragua, represión sistemática
El informe de HRW señala que la dictadura Ortega-Murillo ha profundizado la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Decenas de personas detenidas arbitrariamente continúan tras las rejas.
HRW recuerda que desde que asumió en 2007, el régimen de Managua ha desmantelado todos los controles institucionales al poder presidencial.
“En 2022, el gobierno clausuró más de 2.000 organizaciones no gubernamentales e intensificó la violencia contra miembros de la Iglesia Católica. Siguen impunes los abusos cometidos durante la brutal represión de 2018 por agentes de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno, que dejó un saldo de más de 300 muertos. Otros problemas que persisten en Nicaragua son la prohibición total del aborto y severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación”, dice el reporte.
Un motivo de preocupación son los presos políticos que han sido acusados de menoscabar la integridad nacional, propagar noticias falsas, lavado de dinero y otros delitos.
“La mayoría han permanecido incomunicados durante semanas o meses en el centro de detención El Chipote; y, en algunos casos, en aislamiento prolongado. En las pocas ocasiones en que se han permitido visitas, los detenidos han informado a sus familiares de condiciones abusivas de detención, incluyendo interrogatorios reiterados y atención médica y alimentación insuficiente”, denuncia HRW.
HRW cita que entre febrero y mayo de 2022, 50 personas críticas del gobierno, incluidos siete candidatos presidenciales detenidos en 2021, recibieron condenas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los procesos penales contra los detenidos se basaron en cargos absurdos y sin garantías básicas de debido proceso”, señala HRW.
Especial mención hace HRW de los casos de Hugo Torres, de 73 años, crítico del gobierno y exguerrillero en la revolución de la década de 1970 que llevó a Ortega al poder, quien murió detenido en febrero de 2022. Así como el caso del obispo católico Rolando Álvarez, un crítico del gobierno, detenido junto con cinco sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, tras haberlos mantenido sitiados en la Curia Episcopal de Matagalpa por dos semanas.
HRW también denuncia que defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores críticos del gobierno son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea, y detención y procesos penales arbitrarios.
Las autoridades han clausurado más de 2000 organizaciones no gubernamentales en 2022, incluidas organizaciones de mujeres, religiosas, de asistencia internacional y médicas. Muchos de esos cierres se basan en legislación abusiva, incluida una ley sobre “agentes extranjeros” sancionada en 2020. Al menos otras 70 organizaciones fueron cerradas entre 2018 y 2021. También se canceló la personería jurídica de 18 universidades entre diciembre de 2021 y febrero 2022, interrumpiendo la formación de miles de estudiantes. En agosto de 2022, las autoridades cerraron al menos 17 estaciones de radio, incluidas algunas administradas por la Iglesia Católica, argumento, por ejemplo, falta de permisos de funcionamiento. En septiembre de 2022, las autoridades suspendieron las transmisiones de la cadena CNN en español en todos los canales por cable del país.
“Los legisladores han aprobado leyes que restringen gravemente la libertad de expresión y de asociación, y las han utilizado para cerrar forzosamente cientos de organizaciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, y para detener y procesar arbitrariamente a periodistas y defensores de derechos humanos”, dice el informe.
Deterioro democrático en Guatemala
HRW denuncia que el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia en Guatemala, en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada, incluso en los más altos niveles del Estado.
“Las autoridades designaron a dos funcionarios clave, la fiscal general y el procurador de los derechos humanos, mediante procesos de selección que no fueron justos ni transparentes. En mayo, Giammattei renovó el mandato de Consuelo Porras como fiscal general. Porras ha bloqueado investigaciones de corrupción e iniciado procesos arbitrarios contra periodistas, fiscales y jueces independientes”, señala el informe.
Además, HRW denuncia el hostigamiento y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como los desafíos en la protección de los derechos de mujeres y niñas, de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) y de migrantes siguen siendo problemas de gran preocupación.
HRW señala que las medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades han obstaculizado la rendición de cuentas por actos de corrupción y abusos, han atentado contra el Estado de derecho y han debilitado las garantías de derechos humanos.
La organización también denuncia a la fiscal general, Consuelo Porras, por obstaculizar investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos. Realizó traslados y despidos de fiscales e impulsó procesos penales espurios contra jueces, fiscales y periodistas independientes.
“El gobierno de Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras han generado un clima hostil para el periodismo independiente y los medios de comunicación por medio de ataques verbales, restricciones a la prensa y procesos penales abusivos, entre otros”, señala el informe.
La Asociación de Periodistas de Guatemala reportó 66 incidentes de ataques, persecución y criminalización de trabajadores de medios de comunicación en los primeros seis meses de 2022.
Según HRW, los pocos avances que Guatemala estaba logrando en la condena de delitos cometidos durante el conflicto armado (1960-1996) parecen haberse estancado en los últimos años, en especial, debido a los ataques y los procesos penales espurios contra fiscales y jueces que trabajaban en esos casos.
El Salvador desmantela contrapesos democráticos
En el caso salvadoreño, HRW denuncia que el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa han desmantelado sistemáticamente el sistema de contrapesos democráticos, denuncia la intención del presidente de reelegirse pese a que la Constitución prohíbe la reelección inmediata y señala con preocupación violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción.
“Las autoridades cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones del debido proceso”, señala HRW, que reconoce que las pandillas han ejercido control territorial sobre algunos territorios y extorsionan a residentes en todo el país: “Las pandillas han asesinado, desaparecido, desplazado y sometido a violación sexual a quienes se les resisten”.
HRW señala que desde que asumió en 2019, el presidente Bukele y sus aliados han adoptado medidas drásticas para cooptar las instituciones democráticas.
La organización hace una crítica a la adopción del régimen de excepción que suspendió algunos derechos básicos y que según ellos, “muchas detenciones se realizaron sobre la base de la apariencia física o lugar de residencia de las personas. Varias organizaciones de derechos humanos salvadoreñas han documentado que se ha detenido a cientos de personas sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas”.
“Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal y Human Rights Watch, han documentado graves abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos durante la detención, así como violaciones del debido proceso”, dice el informe.
HRW cita que más de 90 personas detenidas murieron en prisión, según las autoridades. En algunos casos, las autoridades no han realizado autopsias de las personas fallecidas, ni han respetado los estándares internacionales y la práctica médica ampliamente aceptada para investigar estas muertes.
Según HRW, el gobierno de Bukele ha debilitado el rol del Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otras medidas, al realizar reformas a su reglamento que debilitan la autonomía de la agencia y al destituir a una de sus miembros.
También denuncian que el gobierno ha creado un ambiente hostil para los medios de comunicación y miembros de la sociedad civil. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó sobre 421 agresiones contra la prensa ocurridas entre 2019 y 2021, incluyendo ataques físicos, hostigamiento digital, y restricciones al ejercicio periodístico y al acceso a información pública. APES también informó que al menos nueve periodistas huyeron del país por temor al hostigamiento y a detenciones arbitrarias.
Honduras, corrupción e impunidad
HRW señala que el sistema de justicia hondureño sufre los efectos de la interferencia política desde hace años y advierte que la débil respuesta del sistema judicial a la corrupción —un problema estructural en Honduras— y una serie de leyes que afectan la capacidad de investigación de los fiscales han permitido la impunidad por actos de corrupción que contribuyen a violaciones de derechos humanos.
La organización recuerda que en febrero de 2022, el Congreso aprobó una amnistía impulsada por el gobierno para personas acusadas “por motivaciones políticas” debido a haber participado en protestas o en la defensa de derechos, incluido el derecho a la tierra, así como para exfuncionarios públicos que se desempeñaron durante la presidencia de Manuel Zelaya (2006-junio de 2009), esposo de la presidenta Castro.
“La selección de los jueces de tribunales inferiores y las decisiones relativas a sus carreras profesionales adolecen de falta de transparencia y criterios claros. El presidente de la Corte Suprema tiene la decisión final en lo que respecta a la selección, el ascenso, el traslado y las medidas disciplinarias de los jueces de tribunales inferiores”, denuncia HRW.
En 2019, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos se refirió a Honduras como “uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos”. Según HRW, el mecanismo creado por Honduras en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia tiene graves falencias.
Según HRW, Honduras es uno de los países más letales de América Latina para los periodistas. Entre 2001 y octubre de 2022 fueron asesinados 98 periodistas, 5 de ellos en 2022. En solo 10 casos —alrededor del 10 %— los asesinos fueron juzgados y condenados, indicó C-Libre.
