Al menos 76 personas permanecen como presos políticos en Nicaragua

Informe denuncia que con las desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero como política represiva son práctica común de la dictadura Ortega-Murillo.

Sede de El Chipote, una infame cárcel donde se encierra a presos políticos.

Al menos 76 personas han sido encarceladas por razones políticas en los últimos meses por la dictadura de Nicaragua y la mayoría se encuentran bajo desaparición forzosa, según la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

En un informe publicado el viernes, la UDJ asegura que sigue aumentando el número de personas presas políticas en Nicaragua bajo lo que denominan el efecto “puerta giratoria”.

“Casi el 100% de las personas que han sido detenidas en 2024 se encuentran en desaparición. Esto demuestra un nuevo y drástico patrón en cuanto a las detenciones ya que, en años previos, si bien las personas capturadas eran incomunicadas, la condición de desaparición no solía exceder los 90 días”, denuncia la UDJ.

El informe señala que hasta el 7 de noviembre, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas identificaba 46 personas detenidas de manera arbitraria por motivos políticos. A eso se suman al menos 30 nuevos arrestos a nivel nacional,  entre el 22 y 29 de noviembre.

“A partir del mes de noviembre, la Policía Nacional desató una cacería de ciudadanos en el marco de profundas reformas legales ordenadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo, empezando por un cambio drástico a la Constitución Política de Nicaragua que consolida el totalitarismo, sepulta las ruinas del Estado de Derecho, afianza la sucesión familiar en el poder, entre otros atropellos, como la derogación del derecho humano a no ser torturado”, denuncia el informe.

La UDJ denuncia que con las desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero como política represiva, la dictadura de Nicaragua “pretende causar un efecto aún más silenciador en la población nacional, no solo en opositores, sino en sus propios funcionarios o ciudadanos ajenos al quehacer político o de organizaciones sociales”.

La organización denuncia que la falta de alimentación adecuada, de acceso a agua potable y suficiente y de atención médica adecuada sigue siendo una constante contra la población carcelaria por razones políticas. Además, los custodios ocasionalmente también le han impedido la llegada de la mayoría de la medicación que les proveen sus familiares en las paqueterías.

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