Un informe compartido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, confirma que se continúan violando los derechos procesales, la libre movilización y las garantías básicas ciudadanas de los nicaragüenses a manos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Me entristece profundamente el continuo y generalizado deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Castigar y encerrar a quienes expresan sus opiniones e intensificar aún más el aislamiento de país, son políticas que no sirven a los intereses del pueblo nicaragüense, ni siquiera de las autoridades”, dijo Volker Türk durante la presentación del informe.
El documento titulado “Situación de los Derechos humanos en Nicaragua”, pone en evidencia que el deterioro social, que extermina los derechos humanos, que pone en primer lugar las detenciones arbitrarias a quienes la dictadura considera opositores, al igual que el destierro, el impedimento de la libre movilización y las torturas, para determinar que cualquier personas critica será castigada.
“La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha continuado deteriorándose gravemente. Las personas percibidas como opositoras al Gobierno son perseguidas y sometidas a un amplio abanico de medidas arbitrarias violatorias de sus derechos humanos, que incluyen penas de prisión dictadas sin juicio previo y la privación de la nacionalidad mediante resoluciones judiciales carentes de cualquier viso de legalidad”, dicta el informe.
El documento añade que los familiares de afectados de manera directa también son salpicados por el régimen, lo cual he tenido un efecto detrimental que genera miedo en el conjunto de la sociedad nicaragüense y esto se traduce de acuerdo al organismo que “cualquier persona crítica con el Gobierno, así como sus familiares, sería castigado” por la dictadura de Ortega y Murillo.
“El Gobierno ha reducido el espacio cívico y democrático hasta un punto que no deja lugar a la disidencia. Sin embargo, las personas defensoras de los derechos humanos siguen trabajando, tanto en Nicaragua como en el exilio, abogando por la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y por el retorno a la democracia y al Estado de derecho”,
Informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua
Además, el reporte de la ONU pone en perspectiva que todas las asociaciones independientes han sido vulneradas y que pone en detrimento aún más el orden democrático y la libre asociación.
Lamenta el control absoluto de las instituciones públicas, que deberían de ser entes autónomos con base a los instrumentos jurídicos establecidos en el país centroamericano, sin embargo, el control férreo y sistemático de la familia dictatorial.
Asimismo, la instancia de derechos humanos, lamenta y denuncia que la dictadura ha optado por expulsar y promover el exilio a través de sus políticas y maniobras, lo cual, pone en evidencia el trabajo excesivo de la policía y del sistema judicial nicaragüense, pues lo más afectados han sido los líderes de la oposición que fueron expulsados y desterrados todos con destino a Estados Unidos.
Arbitrarios e ilegales
A este aparataje estatal montado por la dictadura, el informe hace referencia a las detenciones ilegales y arbitrarias que realiza la policía por órdenes de los dictadores, y han aumentado la cacería ante quienes son identificados o “percibidos” como opositores al Gobierno sandinista, y denuncia, que la situación continúa.
Comparte que ha sido una tendencia marcada desde inicios de la crisis de Derechos Humanos en el año 2018 y que ha permanecido bajo el mismo modus operandi a la fecha de 15 de junio del año 2023 (hasta donde abarca el reporte). En este sentido, al mes de junio del presente año, contabilizan 54 personas detenidas, de este número, 44 son hombres y 10 mujeres, ante ello, el organismo demandó la liberación inmediata de los presos políticos.
“Entre las personas detenidas actualmente hay sacerdotes, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, líderes indígenas, personas opositoras políticas y sus familiares, y estudiantes”, relata el informe.
Desde el año 2019, se produce un aumento en el número de detenciones alrededor de las fecha del aniversario de la rebelión del 18 de Abril del 2018, cuando la sociedad nicaragüense salió a las calles a protestar ante el régimen familiar de Ortega y Murillo.
“Entre el 1 y el 23 de abril de 2023, la OACNUDH recibió informes de 51 detenciones arbitrarias, y en mayo de 2023, recibió informes de la detención de 63 personas (40 hombres y 23 mujeres) bajo los cargos de propagación de noticias falsas y menoscabo de la integridad y la soberanía nacionales”, dicta.
Además, todos los casos que han sido documentados por la ACNUDH, las autoridades no informaron a las personas detenidas, cuando estas fueron detenidas, es decir, que no les compartieron los motivos del arresto, ni les comunicaron los cargos que se les imputaron al momento de sus detención tal y como establece la ley.
Jueces modifican las condenas
Por otro lado, en referencia a los procesos arbitrarios llevados a cabo en contra de las víctimas, la OACNUDH tiene documentado al menos 49 casos en los que los jueces y juezas de ejecución “modificaron indebidamente las condenas, aumentando las penas después de los juicios. Además, en un caso, el Tribunal Supremo condenó a una persona declarada culpable del delito de menoscabo de la integridad y soberanía nacionales a 13 años de prisión e inhabilitación para cargo o empleo público. Sin embargo, tres meses después, otro juez condenó a la misma persona por “traición a la patria”, un nuevo delito por los mismos hechos, y le impuso la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o electivos”, recoge el organismo.
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Asimismo, el informe comparte que desde septiembre del año 2022, al menos a 27 nacionales nicaragüenses se les negó el ingreso al país, luego de realizar viajes de corta estancia a otros países, lo cual se opone al Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual dicta que “nadie podrá ser privado arbitrariamente del derecho a entrar en su propio país. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que hay pocas circunstancias, si es que hay alguna, en las que dicha medida pueda ser razonable”.
De igual forma el comisionado, confirmó que han documentado que dicha práctica, ha afectado a varias personas que promueven actividades internacionales de defensa de los derechos humanos en Nicaragua, mecanismo que aumentó en el primer semestre de 2023. Esa práctica ha generado la separación de familias dependientes como personas mayores y niños y niñas, todo ello, en contraposición con el derecho internacional de los derechos humanos.
Türk lamentó que estas acciones coercitivas son del pasado, pero que en la actualidad han sido retomadas, lo cual evidencia un retroceso monumental de las prácticas democráticas en Nicaragua “lo que estamos viendo es propio del Siglo 20”, y cuestiona que estas actitudes implementadas por los gobiernos como el nicaragüense “no debería ocurrir en el (siglo) 21. No es concebible que al día de hoy existan apátridas (…) Hay que explorar llevar al sistema de justicia universal a perpetradores de crímenes”.
