El biólogo y ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, denunció que el régimen de Nicaragua convocó a los miembros del “autónomo” gobierno regional del CaribecSur a sesionar para aprobar 5 concesiones mineras a la compañía canadiense Calibre Minning Corp, radicada en Managua.
Mostrando documentos oficiales de la convocatoria, el ambientalista denuncia que la suma de los territorios a ser entregados a la minería suma un total de 226,083chectáreas, “esto equivale prácticamente a lo que mide la Reserva Biológica Indio Maíz es una barbaridad el área concesionada a la empresa Calibre”.
Ruiz es un ambientalista exiliado de Nicaragua. El régimen no sólo lo obligó a estar fuera de su país, sino que lo desnacionalizó y su confiscó sus bienes.
Denuncia desde el exilio
El joven era el presidente de la no gubernamental organización ambientalista Fundación del Río, anulada en 2018 por las constantes denuncias de los abusos de la dictadura sandinista atenta contra el medio ambiente, contra los derechos de los pueblos indígenas y contra las leyes nacionales e internacionales de medio ambiente.
#AbroHilo 1/3
El Consejo Regional de la Costa Caribe Sur controlado por el régimen de #OrtegaMurillo envía convocatoria de sesion para la aprobación de 5 Concesiones Mineras, todas ellas en beneficio de @CalibreMiningCo a través de su subsidiaria en Nicaragua. #SOSNicaragua pic.twitter.com/eO91Btt6b9— Amaru Ruiz 🐦 (@AmaruRuiz) July 26, 2023
“Esta situación podría agudizar la situación de deterioro ambiental e inclusive desplazar a más familias de la región sur del país. Atentos a la sesión del concejo regional este viernes, aquí abajo les adjunto solicitudes de concesiones”, alertó Ruiz.
Calibre Minning Corp es una compañía de origen canadiense que opera con una subsidiaria en Nicaragua desde 2009 y es considerada por las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos una empresa aliada del régimen en el negocio de la producción e importación de oro.
Oscuras negociaciones entre minera y el régimen
En octubre de 2022, luego que Estados Unidos anunciara sanciones a la Dirección General de Minas de Nicaragua y a sus funcionarios, por considerar que hacían negocios sucios con el metal para sostener a la dictadura, la compañía canadiense emitió un comunicado diciendo que analizaría el impacto de esas sanciones a sus operaciones en Nicaragua.
Al día siguiente el régimen anuló 3 concesiones que habían sido autorizadas antes a la compañía, bajo el argumento de que esta desistía de ellas. El mensaje se consideró entre el sector empresarial como “doblarle el brazo” a la empresa.
“Calibre continuará monitoreando sus operaciones con la asistencia de sus asesores para garantizar que la Compañía continúe cumpliendo con todas las leyes y regulaciones pertinentes, incluidas las sanciones que puedan resultar de la Orden Ejecutiva 13851, así como con los estándares internacionales y las mejores prácticas”, dijo la compañía.
Extracciones a granel
En mayo de este año, la compañía anunció el inicio de operaciones de extracción en la mina a cielo abierto Eastern Borosi, en el caribe de Nicaragua, con potencial de 700,500 onzas de oro y 11,359,000 onzas de plata.
Grupos ambientalistas y de derechos humanos acusan al régimen sandinista de instaurar un sistema de explotación comercial extractivista y reñido con los derechos ambientales para financiar su administración y enriquecerse ilegítimamente.
En febrero de este año la dictadura informó que prevé que las exportaciones de oro en bruto superen los 1,000 millones de dólares este 2023, por encima de los 935 millones de dólares vendidos el año pasado.
El ministro de Energía y Minas de Nicaragua, Salvador Mansell, sancionado por corrupción por Estados Unidos, dijo a medios oficialistas que el oro en bruto es elcproducto nacional de mayor exportación.
37% del territorio cedido a empresas extranjeras
Destacó que en los últimos años se han entregado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, que abarcan el 37 por ciento del territorio nacional.
En 2007, cuando el dictador Ortega retornó al poder, en el país centroamericano se producían 86,000 onzas de oro porque las concesiones eran antepuestas a derechos ambientales y de las comunidades indígenas.
