Arresto domiciliario decreta polémico juez guatemalteco para 6 acusados de la toma de universidad

El cuestionado Víctor Cruz desestimó 2 de las 4 acusaciones, pero decidió que el proceso judicial contra los señalados en el caso de la Universidad San Carlos continúe.

Marcela Blanco, excandidata a diputada por Movimiento Semilla de Guatemala (foto tomada de redes sociales).

Los 6 acusados en el caso de la toma de la Universidad San Carlos en Guatemala recibieron arresto domiciliar y el proceso judicial montado por el Ministerio Público seguirá en su contra, por decisión del cuestionado juez Víctor Cruz.

Entre los acusados está Marcela Blanco, excandidata a diputada del Movimiento Semilla, el partido de Bernardo Arévalo, el presidente electo.

“Sin el pueblo no hubiera resistido. Les agradezco de todo corazón. Vamos a seguir por una mejor Guatemala, porque el bien siempre prevalece”, dijo Blanco entre sollozos.

Cruz, sancionado por Estados Unidos por considerarlo corrupto y antidemocrático, desestimó 2 de los 4 cargos, el de sedición y asociación ilícita, “al no hallar indicios suficientes para abrir una investigación”; pero mantuvo los de los delitos de usurpación y depredación del patrimonio cultural.

Los acusados son Blanco, Eduardo Velásquez, Rodolfo Chang, Javier de León, Alfredo Beber y Martín Macario, quienes según la parte fiscal tienen responsabilidad en la toma y los daños a la universidad.

Además del arresto domiciliario, el juez ordenó arraigo, registro biométrico cada 15 días y la prohibición de comunicación entre los acusados y con la Fiscalía.

Los docentes podrán seguir ejerciendo sus labores de enseñanza, pero la joven política, quien ha sido uno de los rostros más visibles del proceso, tiene prohibido ir a la Usac.

Los acusados deben pagar una fianza de $1,277 (10,000 quetzales casas uno) para quedar en libertad.

La siguiente audiencia judicial fue programada para el 24 de mayo.

El caso, dado a conocer la semana pasada con los arrestos y varios allanamientos, es considerado un ataque político de parte del Ministerio Público, que parece decidido a debilitar por todos los flancos a Bernardo Arévalo, a quien también intenta procesar judicialmente por el caso.

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