El asesinato del subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, en la provincia caribeña de Limón, Geiner Zamora Hidalgo, ha generado un impacto sin precedentes en Costa Rica, en medio de una crisis de violencia sin control.
La Corte Suprema de Justicia ha ordenado al Gobierno el desembolso inmediato de recursos millonarios para reforzar la seguridad y contratar más agentes, mientras el país sigue sumido en una ola de homicidios que ha convertido el 2024 en el segundo año más violento de su historia.
Zamora, de 38 años, murió este martes en el Hospital Calderón Guardia tras ser atacado a balazos el pasado viernes en un restaurante de Guápiles. Un sicario, a bordo de una bicimoto, ingresó al local y abrió fuego contra el agente. Horas después, la Policía detuvo a un sospechoso, un joven de 20 años identificado como Guadamuz, quien fue enviado a prisión preventiva por un año.
Las investigaciones del OIJ apuntan a que el crimen fue ordenado por Jorge David Núñez Aguilar, alias “Coco Pastilla”, líder de una organización criminal que opera en Turrialba. Según las autoridades, la ejecución de Zamora habría sido una represalia por las investigaciones que lideraba contra esa estructura delictiva.
“Baño de sangre” y crisis de seguridad
La violencia en Costa Rica ha alcanzado niveles alarmantes. En 2023, el país registró 907 homicidios, la cifra más alta de su historia, y en 2024 se registraron 880, consolidándose como el segundo año más violento. San José y Limón encabezan las provincias más afectadas, con 250 y 181 asesinatos respectivamente.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, ha calificado la situación como un “baño de sangre” y advirtió que el asesinato de policías y agentes judiciales podría escalar a otras figuras públicas. “Si no hay un cambio inmediato, veremos asesinatos de diputados y ministros, como ha sucedido en otros países de América Latina”, alertó.
Zúñiga insistió en que las organizaciones criminales han superado en recursos y capacidad a las instituciones de seguridad del país. “Estamos en desventaja. Sin más agentes, sin más equipo, sin más respaldo, la situación solo empeorará”, enfatizó.
Corte Suprema exige acción inmediata
El asesinato de Zamora ha obligado a la Corte Suprema de Justicia a tomar una postura contundente. En una sesión de emergencia, los magistrados aprobaron de manera unánime exigir al Ministerio de Hacienda el giro inmediato de fondos para la creación de 238 plazas en el OIJ y el Ministerio Público.
“La criminalidad está desbordada y el sistema judicial necesita respaldo. Sin recursos, no podremos garantizar la seguridad del país”, expresó el presidente de la Corte, Orlando Aguirre.
Además, la Corte ha instado a la Sala de Casación Penal a acelerar reformas legales para agilizar procesos penales y reducir la impunidad. También ordenó priorizar la asignación de recursos para fortalecer la seguridad en la zona Atlántica, una de las más golpeadas por el narcotráfico.
Chaves: “No es un tema de dinero”
El asesinato de Zamora ha sido abordado incluso a nivel diplomático. En una conferencia de prensa con el jefe del Departamento de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el presidente Rodrigo Chaves lamentó la muerte del agente, aunque descartó que la solución pase solo por aumentar el presupuesto.
“No es un tema de darle más o gastar más dinero, es un tema de asegurarse de que quienes sean un peligro para la sociedad sean puestos en la cárcel”, afirmó Chaves, quien ha cuestionado a la OIJ por supuesta falta de transparencia en el manejo de los recursos y ha vetado el presupuesto aprobado para contratar a más de 200 agentes y fiscales.
El mandatario no detalló nuevas estrategias para enfrentar la crisis de seguridad, en medio del vendaval político que le señala se negligente, mientras el país sigue sumido en la incertidumbre y el temor por el avance de la criminalidad.
El asesinato del subjefe Zamora se ha convertido en un símbolo de la creciente violencia que golpea a Costa Rica. La respuesta de las instituciones judiciales y del Gobierno será clave para determinar si este crimen queda en la impunidad o si marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado.
Mientras tanto, el luto se extiende entre los cuerpos policiales, que cada vez enfrentan mayores riesgos en un país que, hasta hace pocos años, se consideraba un oasis de paz en Centroamérica.