La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió una alerta sobre las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que en las últimas semanas ha presionado a un periodista para que revele la identidad de sus fuentes confidenciales, a pesar de que tanto la legislación nacional como los tratados internacionales protegen el secreto profesional de los comunicadores.
Según el comunicado del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES, esta presión se intensificó tras la publicación de una investigación periodística que destapó detalles sobre un caso de tráfico de personas.
El 8 de noviembre de 2024, menos de un mes después de la divulgación de la investigación, la FGR citó al periodista para interrogarlo, exigiéndole que entregara la identidad de sus fuentes.
🚨ALERTA | Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes a respetar la integridad y seguridad del periodista que se ha visto afectado, principalmente ante la falta de garantías y ataques contra la prensa que vive el país. pic.twitter.com/bEOFRDkrIL
— APES (@apeselsalvador) December 6, 2024
Ante esta solicitud, el periodista se negó, amparándose en su derecho al secreto profesional, que está respaldado por la Constitución de El Salvador y por diversos tratados internacionales firmados por el Estado.
A pesar de la negativa, una fiscal informó al periodista que seguirían citándolo, ya que su objetivo era continuar investigando la fuente que proporcionó la información publicada.
La APES condenó enérgicamente estas acciones, calificándolas como una violación de los principios fundamentales de la libertad de expresión y una forma de persecución contra periodistas independientes.
En un hecho relacionado, la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF) expresó su apoyo a la periodista y becaria de IWMF, Mónica Rodríguez, quien esta semana fue víctima de un allanamiento en su domicilio por parte de la Policía Nacional Civil (PNC). Durante la incursión, las autoridades confiscaron su equipo electrónico y documentos personales, un acto que, según la IWMF, representa un ataque directo a la labor periodística de Rodríguez y una amenaza a la libertad de prensa.
La fundación destacó que este tipo de intimidaciones socavan el derecho a la libre expresión, que está garantizado por la Constitución de El Salvador.
Ambas organizaciones, APES e IWMF, exigen que las autoridades respeten los derechos de los periodistas y dejen de usar las fuerzas del orden como una herramienta para silenciar a la prensa.