El Ministerio Público de Honduras, en coordinación con la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutó este martes una serie de seis allanamientos de morada e inspecciones vinculadas a una presunta estructura criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos.
Los operativos se realizaron en residencias de zonas exclusivas de San Pedro Sula y en sectores del municipio de Omoa, Cortés. De acuerdo con información oficial, la red está relacionada con Fredy Donaldo Mármol Vallejo y otros ciudadanos solicitados en extradición por delitos vinculados al narcotráfico.
Las investigaciones se centraron en José Ernesto Icaza Saborío y su núcleo familiar, señalados por aparentar ingresos millonarios sin justificación legal, así como por su presunta participación en movimientos financieros irregulares.
Allanamientos e inspecciones contra estructura vinculada a extraditables que se dedicaron al tráfico de drogas y lavado de activos pic.twitter.com/Vx2ZmZzE8p
— Ministerio Público (@MP_Honduras) April 29, 2025
Nexos con figuras del crimen organizado
El Ministerio Público indicó que existen vínculos entre Icaza Saborío y el presunto narcotraficante Rubén Alberto Mejía Mejía, alias “Yuquita”, quien estaría conectado con los extraditables Fredy Mármol, Cristhian Jamil Suazo y Kensy Ibeth García Torres.
Además, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) identificó vehículos registrados a nombre de Icaza Saborío, presuntamente utilizados para actividades ilícitas.
Algunos de estos habrían sido conducidos por Crescencio Ramírez Coria, un ciudadano mexicano considerado cabecilla de la estructura, quien ya fue extraditado desde Guatemala hacia Estados Unidos.
Reaparece empresa vinculada en caso anterior
Como parte de la operación, las autoridades anunciaron que retomarán evidencia incautada durante la Operación Laberinto de 2018, en la que Icaza Saborío figuraba como representante legal de la empresa Inversiones Inmobiliarias del Atlántico (INATLAN S.A.).
El objetivo es determinar si existen nuevas pruebas que lo vinculen con delitos de lavado de dinero o narcotráfico.