Bukele militariza varios distritos del norte de El Salvador en respuesta a dos homicidios

Bukele militariza varios distritos del norte de El Salvador en respuesta a dos homicidios

El gobierno de El Salvador militarizó temporalmente parte del norteño departamento de Chalatenango en respuesta a 2 homicidios y anunció que los 2 pandilleros responsables de los crímenes fueron arrestados.

El presidente Nayib Bukele dijo que 5,000 militares y 1,000 policías fueron desplegados en Chalatenango Sur, la conformación del nuevo municipio que incluye los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador.

“Hace unos días hubo 2 homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los 2 culpables, miembros de la pandilla 18 Sureños”, escribió Bukele en su cuenta en X y publicó un video en que se ve parte del despliegue de soldados y policías.

“No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas”, agregó.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los agentes, apoyados por militares, no sólo recorren los distritos, sino también verifican en algunas zonas que las viviendas no hayan sido usurpadas por pandilleros.

Las maras obligaban a los dueños de casas a dejar sus inmuebles y sus miembros se quedaban en ellos. Denunciar el delito era prácticamente firmar una sentencia de muerte.

El ministro de la Defensa, Francis Merino, anunció que “limpiaremos por completo la zona, vamos a extraer hasta el último remanente de pandillas”.

El nuevo despliegue policial y militar ocurre a dos días del segundo aniversario de la entrada en vigencia del régimen de excepción, la medida que le permitió al gobierno impulsar su guerra antipandillas y que le ha permitido arrestar a por lo menos 77,000 mareros.

Aunque la disposición permitió que El Salvador sea el país latinoamericano con el más bajo índice de homicidios, también motivó a que organismos de derechos humanos denuncien arbitrariedades gubernamentales. Según informes de estas entidades, al menos 200 personas murieron en custodia del estado por torturas, falta de atención médica o abandono.

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