Seis países de Centroamérica destinarán poco más de $3,719 millones de dólares para gastos militares y de seguridad, que incluye pago de los respectivos ejércitos, policías y compra de equipos para la utilización en las diferentes tareas militares, de acuerdo a los datos proporcionados por el analista de asuntos militares de la región, el salvadoreño-americano, Julio A. Montes.
De todos los países, Panamá es el que más dinero destina en esas áreas, sin tener un ejército militar como tal, sino una fuerza pública que se encarga de las tareas de la defensa de la soberanía y que incluye la Policía, Servicio Marítimo y Servicio Aéreo. Este país destina en este año $1,706 millones e históricamente es la nación de la región que más fondos invierte en seguridad pública.
“Los cuerpos de Orden Público de Panamá recibirán 1.706 millones USD para 2023. Estos cuerpos del Orden Público incluyen el Órgano Judicial y el Ministerio Publico. El Ministerio de Seguridad Publico recibirá 534,7 millones de dólares”, explicó Montes a Centroamerica360º.
Le sigue Costa Rica, con $482 millones; Nicaragua, con $438.3 millones; Honduras, con $432 millones; Guatemala, con $410 millones; y El Salvador, con $250.6 millones.
Los fondos son sacados de los presupuestos generales de cada país.
Montes explica que en el caso de Nicaragua el presupuesto oficial de defensa de 2023 se dice ser de 110,4 millones de dólares y el de Seguridad y Orden Público de 327,9 millones de dólares, sin embargo la cifra puede ser mayor.
“Al Ejército se le asigna presupuesto a través del Ministerio de Defensa, pero esta instancia es decorativa, debido a que el control civil sobre el cuerpo castrense fue anulado en 2015 con la reforma al Código Militar y la eliminación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Esto otorgó al Alto Mando militar manos libres sobre el uso presupuestario. Además, al igual que Cuba, el Ejercito Nacional de Nicaragua tiene acceso a fondos provenientes de un conglomerado de empresas civiles pertenecientes al Estado”, explica el analista Montes.
Inversiones
En el caso de Panamá, de acuerdo a lo presupuestado, en 2023 pretende invertir en la modernización de su Fuerza Pública (en 1989, tras la invasión de Estados Unidos a este país para derrocar al dictador Manuel Noriega, el Ejército fue abolido), que incluye 28 helicópteros de diferentes modelos, 13 aviones, 44 embarcaciones, además de algunos vehículos terrestres.
El Salvador, que desde marzo del año pasado mantiene un estado de excepción para combatir a las maras y cuyo ejército es utilizado en tareas de seguridad pública, junto a su Policía Nacional Civil, planea invertir en 33 embarcaciones y 23 aeronaves.
Por su parte Honduras, presupuestó fondos para 22 embarcaciones, 209 vehículos terrestres y 26 aeronaves.
En tanto la dictadura de Nicaragua pretende modernizar su fuerza bélica con al menos 20 aeronaves y 35 embarcaciones.
Costa Rica, país sin ejército y sumido actualmente en una escalada de violencia sin precedentes, tiene en sus planes repotenciar una embarcación patrullera, adquirir equipo antidisturbios para su policía, 31 embarcaciones para su Fuerza Naval, además de vehículos blindados y casi una treintena de aeronaves.
Guatemala, según sus proyección de inversión, tendrá un nuevo software para ciberdefensa, una flota de 15 embarcaciones hechas en el país, además de por lo menos 23 aeronaves.
