El gobierno de Costa Rica aseguró este jueves que “no existe ningún tipo de indicio de que en Costa Rica haya alguna célula organizada y controlada por el gobierno nicaragüense” para ejecutar a exiliados nicaragüenses radicados en ese país centroamericano, un día después del atentado a una pareja de opositores a la dictadura de Daniel Ortega.
El miércoles, el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto, fueron atacados por sicarios en plena vía pública en una céntrica avenida de la capital San José, y sin esperar los resultados finales de la investigación, Chaves emitió su comunicado en respuesta a la demanda de la comunidad nicaragüense en investigar el caso.
Según un comunicado del gobierno de Rodrigo Chaves, no existe ninguna “célula organizada” de sandinistas con la intención de perpetrar atentados, tal y como lo habían denunciado antes del atentado el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, quienes se encuentran hospitalizados.
“El caso del señor Maldonado es un caso puntual que es investigado por la instancia judicial correspondiente
conforme lo dicta la ley y el Gobierno actuará conforme a los hallazgos de esta investigación”, dijo Chaves en el comunicado.
Indagaciones de La Nación y otros medios nacionales e internacionales, habían señalado que Maldonado y su familia estaban un programa de protección del Organismo de Investigación Judicial por las amenazas y anteriores atentados contra el nicaragüense.
Chaves, quien ha admitido tener buena comunicación con la dictadura sandinista, también negó que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) tenga competencia legal para brindar resguardo al señor Maldonado ni a ninguna otra persona.
Estas declaraciones surgen en respuesta a las confesiones del ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, quien vinculó el atentado con el control ejercido por Ortega en la embajada nicaragüense en Costa Rica, supervisada por Valdrack Jaentschke, un tenebroso funcionario de Ortega con un oscuro pasado vinculado a la seguridad sandinista en los años 80.
En respuesta a las denuncias de opositores y líderes políticos sobre la seguridad de nicaragüenses en el país, Chaves subrayó el compromiso de su gobierno en dar seguimiento al caso Maldonado y garantizar la seguridad de toda la ciudadanía, incluyendo aquellos en condición de refugiados y solicitantes de asilo.
En Costa Rica hay más de 200,000 nicaragüenses solicitando refugio por razones políticas, luego de las protestas de 2018 y las posteriores jornadas de represión de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra empresarios, periodistas, políticos, líderes religiosos, campesinos, estudiantes, médicos, activistas de derechos humanos, ambientalistas y otros.
La dictadura de Ortega y Murillo, aferrada por la fuerza y los fraudes electorales a la presidencia de Nicaragua desde 2007, es señalada de la comisión de delitos de lesa humanidad por ordenar reprimir las protestas con un saldo de 355 asesinatos, más de 4,000 heridos, miles de detenidos, desaparecidos, torturados y por provocar el exilio, destierro y desplazamiento de más de 600,000 nicaragüenses.