El reclutamiento forzoso de niños y jóvenes por parte de las pandillas es una de las preocupaciones más grandes expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un un informe divulgado esta semana y titulado “Crimen organizado y derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes: desafíos y acciones estatales”.
“Una de las principales formas de violencia hacia esta población, es el reclutamiento forzado por parte de las organizaciones criminales, maras o pandillas. De acuerdo con información recabada por la Comisión, la edad de reclutamiento suele ser de los 13 a los 15 años. En algunos casos, las niñas, niños y adolescentes son reclutados para aprovecharse de la inimputabilidad de menores de 13 años en Guatemala y 12 años en Honduras y El Salvador. En este contexto, esta población es utilizada para labores cada vez más violentas”, dice el informe de la CIDH.
El informe comparte una profunda preocupación por el crimen organizado en manos de las maras o pandillas al norte de Centroamérica, calificada como una de las más violentas de la región, y asocia el fenómeno a los factores de pobreza, exclusión social, corrupción y la debilidad institucional de los gobiernos, donde la niñez, adolescencia ha sido víctima y están expuestos a diferentes formas de violencia.
“En este sentido, los grupos criminales encuentran una mayor potencialidad para la vinculación de niñas, niños y adolescentes quienes buscan sentido de pertenencia, conexión y oportunidades ante la ausencia de detonadores de desarrollo y de oportunidades a través de la educación y el empleo”.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
De acuerdo a la Comisión, “en el 2021 se estimaba alrededor de 60.000 integrantes de maras y pandillas en El Salvador que operaban en al menos 247 de los 262 municipios de El Salvador y, además, contaban con un apoyo social de unas 500.000 personas. Adicionalmente, en el 2020 se estimaban entre 10.000 y 20.000 integrantes de maras y pandillas en Guatemala y entre 25.000 y 30.000 en Honduras, quienes operaban principalmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba”.
Además, destaca que parte de tal situación se centra en la falta de atención pertinente a esta problemática, sobre todo por la filtración de las estructuras del crimen en las instituciones de los Estados y la impunidad. Y en este núcleo social de violencia organizada, desatención y corrupción, la niñez, adolescentes y jóvenes se encuentran vulnerable. Razón por la que están viviendo en una situación especial de riesgo de violaciones de derechos.
Naturalizando la violencia
El organismo internacional afirma que parte de esta problemática es que esta situación de gravedad para los derechos humanos y la integridad social, es que se ha naturalizado la violencia, en la que este sector de la sociedad, se ven limitadas a contar con oportunidades y con ello poder desarrollarse como tal.
La Comisión ha venido dando seguimiento a esta situación delictiva organizada y refiere que de acuerdo a los patrones de pobreza -los cuales también son factores que aportan en gran medida al crimen organizado de las maras y pandillas- no necesariamente tienen que conllevar a situaciones de inseguridad y criminalidad, pero en el triángulo norte, es una de las causas que fortalecen estas prácticas, mismas que están marcadas por la desigualdad social y la falta de respuesta estatal.
Según la CIDH,“la situación de pobreza y desigualdad potencian la presencia y permanencia de maras y pandillas”, y ha resaltado que “las maras y pandillas se aprovechan de las condiciones de inequidad, exclusión social y la ausencia de igualdad de oportunidades. De esta manera, se da una especie de legitimación social de los grupos criminales”.
Corrupción e impunidad
Para el organismo regional, todas estos mecanismos mencionados aportan a la corrupción e impunidad de las organizaciones criminales, y que por ello logran desarrollar y establecerse como estructuras de poder paralelas. “La falta de condiciones de seguridad dificulta el acceso de las personas a los servicios públicos e inversiones, dificultando la generación de oportunidades y desarrollo. En consecuencia, las personas se ven expuestas a violaciones de sus derechos humanos lo cual profundiza aún más la desigualdad y la exclusión social, generando así un círculo vicioso difícil de detener”, dice la CIDH.
El Salvador, Honduras y Guatemala (Triángulo norte), es de acuerdo a la Comisión, una de las zonas más violentas e inseguras del mundo.
“En este sentido, encuentra que entre 2013 y 2020 se registraron 128.944 hechos violentos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Aunado a ello, para el 2019, estos países se ubicaban entre los 10 países con un mayor índice de homicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo”, destaca el informe. Además, esta instancia ha manifestado que el crimen organizado ha ido en incremento y que los Estados han implementado una pobre presencia para prevenir esta problemática de cara a ofrecer servicios oportunos y la protección de los derechos humanos.
Preocupación por desapariciones y asesinatos
Lo referido a la desaparición de personas muestra su rechazo y preocupación por el impacto que esto ha ocasionado en la niñez, adolescencia y juventud. “Así, respecto de El Salvador, la CIDH recibió información de la desaparición de al menos 211 niñas en el primer trimestre de 2021. Respecto de Guatemala, los casos de niñez desaparecida ascendían a un total de 4.621 de alertas por desaparición activadas hasta septiembre de 2021; es decir, un promedio de 513 casos al mes y 17 al día. Por su parte, en Honduras, en el primer trimestre de 2020 se habrían registrado 345 desapariciones de las cuales 77% corresponden a niñas, niños y adolescentes. Estos casos son mayoritaria- mente reportados en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Tocoa, La Ceiba, El Paraíso, Comayagüela, Juticalpa, El Progreso y Trujillo”.
Asimismo, el informe relata que este sector social han sido grandemente afectados, y reportan que los niños, adolescentes y jóvenes entre 10 y 19 años, se encuentran en los casos de mortalidad en los países mencionados, El Salvador registra 14 casos, mientras que Honduras 7 y Guatemala 8, lo que equivale a 7 muertes por cada 1000 personas.
“El Salvador, en los últimos cinco años 16.327 menores de 18 años murieron de forma violenta, representando una de las tasas más altas de homicidios en contra de niños, niñas y adolescentes en el mundo, destacando que el peso relativo de la muerte de niñas osciló del 15.2% en 2019 al 32.3% en 2020. Asimismo, en Honduras, entre el 2018 y el 2021 se registraron 29 casos de asesinatos de niñas, niños y adolescentes. En particular, al 2021, se registraron 10 víctimas de feminicidio entre los 0-9 años; 46, entre los 10-19 años; y 76, entre los 20-29 años”, destaca el informe.
Además, hasta mayo de 2022, la Comisión observa la misma tendencia, siendo que 7 niñas de entre 0-9 años; 13, de entre 10-19 años; y 26, de 20-29 años.
Respecto de Guatemala, entre enero y octubre de 2021 se registraron más de 300 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en su mayoría, por arma de fuego. Aunque se percibe una reducción progresiva de las muertes infantiles en dicho Estados, desde que la muerte infantil en 2018 alcanzó 9.036 casos, disminuyendo a 8.530 casos en 2020, subraya la CIDH.
