La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH) pidió a la dictadura nicaragüense proteger la integridad del encarcelado monseñor Rolando Álvarez, por considerar que sus derechos están siendo vulnerados de múltiples formas, desde el secretismo de su encierro hasta la potencial falta de atención para su salud física.
La resolución de otorgamiento de medidas cautelares para el obispo de Matagalpa, condenado a 26 años de cárcel el 10 de febrero en un juicio por completo irregular, fue dada pues la CIDH considera que el religioso “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.
La Comisión aclara no tener certeza del paradero de monseñor Álvarez y supone que está recluido en la cárcel La Modelo, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo mantienen incomunicado, sin atención médica y sin acceso a medicamentos, lo que representa un atentado contra su salud.
De la poca información que la dictadura ha compartido sobre el prisionero político es que el 5 de marzo fue visitado por sus familiares. En esa ocasión, Ortega-Murillo mostró imágenes en las que se ve a monseñor Álvarez físicamente deteriorado tras meses de encierro.
Lo que solicita la CIDH al Estado de Nicaragua que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Rolando José Álvarez Lagos;
- adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos: i. se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud; ii. se asegure el acceso a los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos; y iii. se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes;
- concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Monseñor Rolando Álvarez, una de las voces más críticas del régimen, fue sentenciado el 10 de febrero de este año, solo un día después de negarse a ser sacado de la cárcel para ser desterrado junto a 222 prisioneros políticos más.
El religioso no quiso abandonar la cárcel, porque exige se liberen a otros presos políticos y por considerar que es necesario un sacrificio suyo para hacer escuchar la voz de los ciudadanos oprimidos por la dictadura.