La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó por sexto año consecutivo a Nicaragua en su informe anual de violaciones de derechos humanos, destacando las graves infracciones a la institucionalidad democrática del país, en línea con lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana.
Desde el estallido de la crisis política en 2018, el país centroamericano ha mantenido un estado policial que ha restringido severamente las libertades civiles.
Las protestas sociales están prohibidas y los ciudadanos enfrentan un constante asedio por parte de las autoridades.
Por sexto año consecutivo, la #CIDH incluyó a #Nicaragua en el capítulo IV.B de su #InformeAnual2023, señalando graves violaciones a la institucionalidad democrática, conforme a la Carta Democrática Interamericana.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) October 1, 2024
Este ambiente se caracteriza por la cooptación de los espacios públicos y la utilización de detenciones arbitrarias para imponer un clima de miedo.
Secuestros, desapariciones y condenas arbitrarias
Las personas son detenidas de manera ilegal como una herramienta de represión, utilizada para silenciar cualquier disenso, ya sea en el espacio físico o digital.
La CIDH denunció que el sistema judicial en Nicaragua carece de independencia y es un instrumento más de represión.
Esta falta de imparcialidad permite la manipulación del derecho penal, que se usa como instrumento para judicializar a las voces críticas mediante acusaciones infundadas y desproporcionadas.
Las garantías judiciales de los nicaragüenses han sido severamente afectadas.
Nadie escapa a la persecución del régimen
En su informe, la CIDH subraya que la represión ha llegado a nuevos niveles. La persecución a líderes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y personas religiosas ha resultado en exilios forzados y la privación arbitraria de la nacionalidad.
El espacio cívico y democrático en Nicaragua está completamente cerrado.
🔍 La CIDH ha reconocido que “la nacionalidad constituye un derecho inderogable de todas las personas”. La privación arbitraria de la nacionalidad, especialmente por motivos políticos, es contraria al derecho internacional de los derechos humanos. #CIDH #Nacionalidad #Nicaragua… pic.twitter.com/fs1DFGEnNc
— 100% NOTICIAS (@100noticiasni) October 1, 2024
Además, la represión contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe se intensificó en 2023.
La CIDH documentó ataques armados y asesinatos, así como la cancelación del partido indígena YATAMA y el cierre de radios comunitarias.
Estos hechos forman parte de un patrón sistemático que ha puesto en riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas.
El periodismo en Nicaragua también ha sido un blanco de la represión. Los periodistas enfrentan arrestos, y las organizaciones mediáticas han sido clausuradas.
La censura ha alcanzado niveles alarmantes, imposibilitando el ejercicio de la libertad de expresión.
Crímenes de lesa humanidad en impunidad
La CIDH ha señalado que la violación de los derechos humanos en Nicaragua se produce en un contexto de impunidad generalizada.
Desde 2018, más de 2,000 personas han sido detenidas arbitrariamente, y al menos 355 han muerto a causa de la represión estatal.
Asimismo, el informe destaca la privación de la nacionalidad a 317 nicaragüenses, incluidos líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Estos ciudadanos han visto confiscados sus bienes y derechos políticos como parte de una campaña de represalia del gobierno.
La CIDH condenó la expulsión de 222 presos políticos hacia Estados Unidos en febrero de 2023, junto con la privación de su nacionalidad.
Este tipo de medidas no tiene precedentes en la legislación interna de Nicaragua, y representa una clara violación de los principios de legalidad.
A lo largo de 2023, la CIDH ha seguido documentando casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Estos crímenes, de acuerdo con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), pueden considerarse crímenes de lesa humanidad.
Jueces y fiscales como verdugos
La represión en Nicaragua se ha sostenido mediante el uso de un sistema judicial manipulado, diseñado para mantener el control del poder por parte del Ejecutivo.
La CIDH ha advertido que este modelo de represión ha erosionado las reglas del Estado de Derecho y ha destruido el espacio cívico en el país.
Las organizaciones de la sociedad civil, que en su momento fueron un pilar para la defensa de los derechos humanos, han sido cerradas o forzadas a operar en la clandestinidad.
Más de 3,000 organizaciones han sido clausuradas desde 2018, en un intento por desmantelar cualquier oposición organizada al régimen.
El informe también menciona la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) en noviembre de 2023.
Aunque Nicaragua ya no es parte de la OEA, la CIDH reafirmó su competencia sobre el país, señalando que el gobierno sigue obligado a cumplir con los tratados internacionales de los cuales es signatario.
Pese a censura, se sabe la verdad de la dictadura
Pese a la represión, la CIDH ha prometido continuar monitoreando la situación en Nicaragua a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
Este mecanismo se encargará de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas y el estado de los derechos humanos en el país.
La CIDH ha insistido en la necesidad de que Nicaragua restaure el orden democrático y garantice el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El derecho a la verdad y la memoria son elementos clave para la reconstrucción del tejido social en Nicaragua, un país sumido en una crisis profunda.
Finalmente, la CIDH reiteró su apoyo al pueblo nicaragüense y se comprometió a seguir luchando por la protección de los derechos humanos en el país, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la presión sobre el régimen de Daniel Ortega.