El comisionado presidencial salvadoreño de derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán, confirmó que organismos internacionales han realizado visitas a las cárceles de El Salvador para verificar las condiciones de los privados de libertad y el cumplimiento de protocolos de derechos humanos.
Entre los organismos que han llevado a cabo estas visitas, Guzmán mencionó a la Oficina de Derechos Humanos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. “Hemos visitado más de 10 centros penales en visitas estrictamente humanitarias y de verificación”, aseguró el funcionario en una entrevista con La Prensa Gráfica.
Sin embargo, Guzmán evitó dar detalles sobre qué centros penitenciarios han sido inspeccionados y qué entidades han participado en estas evaluaciones, argumentando que la información es reservada.
Guzmán también señaló que, desde el año pasado, el Gobierno ha trabajado en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que ha permitido la realización de visitas conjuntas a los centros penales con el acompañamiento de organizaciones internacionales. No obstante, no precisó cuáles han sido las conclusiones de estas inspecciones ni si se han emitido recomendaciones específicas.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó que ha verificado la situación de los ciudadanos estadounidenses detenidos en el país. Un portavoz de la sede diplomática indicó que se mantienen en estrecha coordinación con las autoridades locales para monitorear el bienestar de estos reclusos, como parte de sus responsabilidades consulares.
Además, la Embajada remarcó que sus hallazgos sobre las condiciones en las cárceles salvadoreñas están incluidos en su informe anual sobre derechos humanos, sin ofrecer más detalles sobre las visitas realizadas.
Las condiciones en los centros penitenciarios de El Salvador han sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos, especialmente desde la implementación del régimen de excepción por parte del gobierno de Nayib Bukele. La medida ha llevado a la detención de más de 80,000 personas desde marzo de 2022.
Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha brindado información detallada sobre los hallazgos de estas inspecciones ni ha permitido acceso a otros organismos independientes para una evaluación más amplia de la situación carcelaria en el país.
