El asesinato a tiros del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, conmocionó a Costa Rica, donde el gremio periodístico, la clase política y organismos internacionales exigen una investigación que identifique a los responsables del crimen.
Rodríguez murió el lunes 15 de noviembre en la ruta 32, en Santo Domingo de Heredia, a unos 15 kilómetros al noroeste de San José.
Dos hombres en motocicleta lo atacaron mientras conducía, según el director de la Policía, Raúl Rivera. El crimen, al estilo sicariato en Costa Rica, parece estar vinculado al crimen organizado.
El subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, precisó que los agresores realizaron “entre nueve y diez disparos”. Las autoridades aún no han establecido quién ordenó el crimen ni cuál fue el móvil.
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El Gobierno y la Asamblea cierran filas
La presidenta Laura Fernández repudió el “cobarde asesinato” en un video divulgado por la Presidencia.
“Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, afirmó.
La mandataria había denunciado a Rodríguez por difamación en agosto de 2025, cuando aún era aspirante a la presidencia, después de que el periodista afirmara en un video que su casa se había construido con supuesto dinero del narco.
Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, anunció una “investigación exhaustiva” y aseguró que el comunicador había rechazado acogerse a un programa de protección de testigos.
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Homenaje a la víctima
En la Asamblea Legislativa, los 47 diputados presentes aprobaron por unanimidad una moción para rendirle homenaje con un minuto de silencio y pedir que los responsables sean llevados ante la justicia.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, afirmó que “la inseguridad en este país se salió de control”, mientras que la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, habló de una “muestra alarmante” de esa situación.
Asimismo, José María Villalta, del Frente Amplio, pidió investigar también a quienes ordenaron el ataque: “A Camilo Rodríguez lo asesinan por ejercer el periodismo”, dijo.

Presión de los gremios y eco internacional
El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) exigió “una investigación con celeridad”. Su presidenta, Yanancy Noguera, declaró a la AFP que “todo evidencia hasta ahora” que se trata del silenciamiento de una voz disidente.
A su vez, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) reclamó una pesquisa “pronta, independiente, rigurosa y exhaustiva” que alcance a autores materiales e intelectuales, y advirtió del deterioro del ambiente para el periodismo en el país.
Desde el exterior, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó el crimen de “lamentable e inaceptable”.
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Su director regional para las Américas, José Zamora, pidió determinar si el asesinato estuvo relacionado con su labor y juzgar tanto a los autores materiales como a quienes lo ordenaron.
Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) también condenó en San José el asesinato y exigió “verdad y justicia”, además de agotar todas las líneas de investigación.
Medios internacionales, por su parte, se hicieron eco del caso y destacaron la noticia en sus portales, noticieros y periódicos.
Una voz incensante
Rodríguez, quien colaboró con varios medios costarricenses antes de migrar a las redes sociales, había denunciado amenazas de muerte y señalaba a capos con nombres y apellidos.
Aseguraba, además, haber entregado a la DEA informes sobre vínculos del narcotráfico con círculos políticos y empresariales.
Los nexos entre el crimen organizado y altos funcionarios quedaron patentes con la extradición a Estados Unidos, en marzo, de Celso Gamboa, exministro de Seguridad, magistrado y fiscal, a quien el periodista había señalado.
El crimen ocurre en un país que pasó de ser puente a centro logístico del narcotráfico y registra unos 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la media mundial.
Además, Costa Rica descendió este año dos lugares en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, hasta el puesto 38 de 180.

Clima hostil en Centroamérica
El asesinato de Rodríguez vino a empeorar el clima de hostilidades del periodismo y la libertad de expresión en Centroamérica.
En Panamá, la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, fue atacada con explosivos el sábado 14 de noviembre; el periodista, que no estaba en casa, lo calificó de “advertencia”.
Por otro lado, en Guatemala, José Rubén Zamora salió de prisión en febrero tras más de tres años de detención, aunque la SIP advierte que la persecución judicial no cesa contra él y otros medios.
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En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene al país en el puesto 168 de 180 en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras (RSF), con más de 313 periodistas en el exilio, y una represión que ya no tiene fronteras y alcanza también a quienes huyeron.
En El Salvador, que ocupa el puesto 143, la Asociación de Periodistas (APES) y RSF han documentado decenas de exilios forzados por amenazas, acoso y presión financiera.






