La Contraloría General de la República de Panamá informó este miércoles que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por posibles delitos contra la administración pública, tras detectar presuntas irregularidades en el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), empresa que administró durante casi tres décadas los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados a ambos extremos del Canal de Panamá.
La denuncia fue interpuesta el 17 de noviembre por medio de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, con el propósito de que la Fiscalía investigue los hallazgos identificados durante una auditoría financiera y de cumplimiento y determine si existen responsabilidades penales relacionadas con la concesión portuaria.
La denuncia incluye a la sociedad Panama Ports Company, S.A., responsable de la operación de ambas terminales. Además, la acción legal comprende a quienes ocuparon cargos como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a los administradores generales de esa institución durante el mismo período.
Las presuntas irregularidades fueron identificadas en una auditoría relacionada con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, así como sus posteriores modificaciones. La fiscalización comprendió desde el 2 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2024 y examinó los estados financieros de la compañía y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Según la Contraloría, la revisión permitió identificar posibles hechos constitutivos de delitos contra la administración pública, por lo que remitió al Ministerio Público la documentación correspondiente. La institución recordó que los funcionarios tienen la obligación de informar a las autoridades sobre posibles conductas delictivas detectadas durante el ejercicio de sus responsabilidades.
La Contraloría aclaró que corresponderá a la Fiscalía investigar los hechos denunciados, establecer si existen responsabilidades penales e identificar a los posibles responsables. Mientras tanto, continuará con sus labores de fiscalización y trasladará a las autoridades cualquier nuevo hallazgo que pueda representar un perjuicio para los recursos públicos o el patrimonio del Estado panameño.
Panamá enfrenta arbitraje por $2,000 millones
La denuncia ocurre después de que, a finales de enero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la Ley No. 5 de 1997, sus adendas y la prórroga que respaldaban la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. Posteriormente, las autoridades anunciaron que APM Terminals, filial de Maersk, asumiría la operación del puerto de Balboa, mientras que Terminal Investment Limited, propiedad del grupo logístico MSC, administraría el puerto de Cristóbal.
Tras esa decisión, el conglomerado de Hong Kong CK Hutchison, mediante su filial Panama Ports Company, presentó una demanda de arbitraje internacional contra el Estado panameño en la que exige una indemnización de al menos $2,000 millones por «daños y perjuicios».
La empresa sostiene que existió una «adquisición ilegal por parte del Estado» de ambas terminales portuarias, mientras las autoridades panameñas mantienen abierta la investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en la concesión.






