La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala rechazó de manera unánime el recurso presentado por la cuestionada fiscal general, María Consuelo Porras, en el que solicitaba la investigación del presidente Bernardo Arévalo y la destitución de cuatro altos funcionarios del Organismo Ejecutivo.
Porras había solicitado la remoción de Jonathan Menkos, ministro de Finanzas; Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la presidencia; Santiago Palomo, secretario de comunicación social; y Julio Saavedra, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
En su recurso, la fiscal general argumentó que se sentía atacada por declaraciones y acciones de estos funcionarios, quienes, según ella, intentaban interferir y controlar el Ministerio Público (MP).
Entre las razones que presentó, mencionó declaraciones en medios de comunicación, denuncias en su contra, solicitudes de antejuicio y acciones legales de amparo contra decisiones del MP, además de la exclusión de la institución en una solicitud de ampliación presupuestaria.
Sin embargo, la CC concluyó que las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales citadas por Porras no constituyen una desobediencia a una resolución judicial, por lo que no justifican una destitución.
Asimismo, los magistrados señalaron que la presentación de denuncias, solicitudes de antejuicio o acciones de amparo no pueden considerarse como ataques directos a la fiscal general.
Los funcionarios aludidos defendieron sus declaraciones, argumentando que estas están protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
La Corte respaldó esta posición y resolvió que el derecho al amparo es una herramienta legal disponible para cualquier ciudadano y que no puede ser visto como un acto ilícito contra una autoridad.
Finalmente, la CC dejó claro que la exclusión del Ministerio Público de la ampliación presupuestaria solicitada no constituye un incumplimiento de la ley, manteniendo la protección legal que buscaba Porras para evitar una destitución arbitraria.