La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso contra El Salvador por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y falta de justicia relacionadas con la masacre de Barrios.
El caso, remitido el 10 de junio de 2026, incluye hechos ocurridos en 1980 y 1982, durante el conflicto armado salvadoreño, y señala violaciones contra integrantes de la familia de Mario Antonio Turcios Flores.
Un adolescente detenido y desaparecido
En 1980, soldados detuvieron a Santos Armando Turcios Flores, de 17 años, en San Miguel y lo trasladaron a instalaciones militares. Días después, sus familiares encontraron su cuerpo con signos de tortura, pero no pudieron recuperarlo por temor a represalias.
Cuando regresaron, el cadáver había desaparecido. Su paradero continúa sin conocerse.
Dos años después, efectivos del batallón de infantería Atlacatl ejecutaron a residentes del caserío Barrios. Entre las víctimas figuraban Virgilio Flores y los niños Óscar Umaña y Edgar Antonio Turcios Benítez, de 6 y 9 años.
#CIDH presenta caso ante #CorteIDH por ejecución extrajudicial y desaparición de familiares de Antonio Turcios Flores en #El Salvador.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) October 15, 2026
Según el expediente, 49 víctimas, incluidas 26 menores de edad, fueron enterradas en fosas. La violencia y la destrucción de viviendas obligaron a sobrevivientes a desplazarse.
La investigación permaneció paralizada
La CIDH señaló que una denuncia presentada en 2002 y las exhumaciones posteriores quedaron paralizadas durante más de una década por la Ley de Amnistía General.
Además, Mario Antonio Turcios Flores sufrió amenazas e intimidaciones en 2004 por su papel como testigo. Un recurso de habeas corpus no prosperó ante las autoridades judiciales.
En su informe de fondo 33/23, la Comisión concluyó que El Salvador incumplió sus obligaciones de investigar los hechos y garantizar justicia a las víctimas.
Reparaciones solicitadas al Estado salvadoreño
La CIDH pidió a la Corte que ordene reparaciones económicas y medidas de satisfacción, atención médica y psicológica para Turcios Flores y sus familiares.
También solicitó investigaciones imparciales para identificar y sancionar a los responsables, garantías de que las leyes de amnistía no obstaculicen estos procesos y programas de formación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas.
La Corte Interamericana deberá resolver el caso y determinar las medidas correspondientes.