Hasta este 26 de marzo, Costa Rica registra 214 homicidios en el año 2023, una cifra que refleja la intensificación de la violencia en el país, atribuida principalmente a la guerra entre carteles del narcotráfico internacionales.
Según las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esta ola de violencia es producto de la disputa territorial entre conocidos carteles de Colombia, México y Venezuela, incluyendo al Clan del Golfo, el Cártel de Sinaloa, Los Soles y Jalisco Nueva Generación, quienes buscan controlar las costas, puertos, rutas y zonas de almacenamiento en el país centroamericano.
En un esfuerzo por combatir esta creciente ola de criminalidad, el OIJ ha identificado aproximadamente 200 grupos de crimen organizado operando dentro de Costa Rica, conocidos localmente como “carteles criollos”.
Más de 4,000 personas estarían trabajando bajo su influencia, en diferentes roles, incluyendo sicarios y lavadores de plata. Estos grupos varían en tamaño y edad de sus miembros, con algunos conocidos por incluir personas desde los 15 hasta los 45 años de edad.
“De los 200 grupos, el OIJ tiene capacidad operativa para trabajar con unos 100”, explicó Randall Zúñiga, director de la policía judicial, subrayando la priorización de aquellos con mayor impacto en el país.
Con un promedio de 2,4 bandas criminales por cantón, la situación es especialmente crítica en San José y Limón, donde la disputa entre bandas ha llevado a un aumento de los homicidios, atentados, y otros delitos relacionados con el narcotráfico.
Grupos como “Los Lara”, con antiguas raíces en barrios como Sagrada Familia, en San José, continúan operando a pesar de la encarcelación de sus líderes, enfrentando la competencia de otras organizaciones criminales por el control de territorios clave.
La estrategia del OIJ para enfrentar esta crisis incluye la desarticulación de las organizaciones más peligrosas, con énfasis en la recolección de inteligencia y la utilización de herramientas tecnológicas para el seguimiento y mapeo de actividades criminales.
Sin embargo, tanto Zúñiga como otros funcionarios enfatizan la necesidad de más recursos para la policía y programas sociales que aborden las causas fundamentales de la violencia.