El homicidio del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza, de 53 años, en los condominios Río Palma de Guachipelín de Escazú, San José, ha sacudido a un país marcado por la violencia del crimen organizado.
Un conflicto por el suministro de agua potable se presume como el detonante de este violento acto, aunque las autoridades aún deben determinar el móvil exacto, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El suceso tuvo lugar el lunes 3 de junio, a las 7:31 de la mañana en el mencionado condominio de clase media en una zona céntrica de la capital costarricense.
🇨🇷 | LO ÚLTIMO: Un altercado entre vecinos terminó en tragedia en Costa Rica:
Un hombre mató a su vecino de al menos 14 disparos por el cierre de una llave del suministro de agua en el condominio de Río Palma en Guachipelín de Escazú, San José, Costa Rica.
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— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2024
El presunto responsable, un hombre de apellido Ramírez, de 43 años, fue detenido por la Policía Judicial, que también confiscó un arma calibre 9 mm.
Orozco, empresario dedicado a la seguridad privada y nacionalizado costarricense desde hace más de 20 años, dejó atrás una esposa y dos hijos.
Residente de La Peregrina de La Uruca antes de establecerse en Escazú, su vida se vio truncada en un escenario de conflictos largamente enquistados.
Vecinos relataron la escalada de tensiones entre la víctima y el agresor, que se remontaba a meses atrás.
Incidentes previos, como el intento de atropello en diciembre pasado, presagiaban un desenlace trágico, marcado por señales de xenofobia por parte del pistolero, quien no admitía que un nicaragüense pudiera vivir en el condominio.
Testigos del fatídico evento describieron la escena como caótica y lamentaron la falta de medidas preventivas por parte de la administración del condominio.
Expertos en derecho penal coinciden en que el video del suceso no respalda la alegación de legítima defensa. Más bien, muestran un uso irracional y desmedido del arma de fuego, lo que sugiere un crimen premeditado y con ensañamiento.
La violencia desatada en este caso refleja una profunda crisis en la sociedad costarricense, marcada por el miedo y la ansiedad colectiva.
Para criminólogos como Erick Villalba, este trágico episodio es el resultado de una escalada de agresiones y conflictos no resueltos en Costa Rica, país que sumó 907 homicidios en 2023.
El exagente del OIJ señaló que el país atraviesa una profunda crisis de violencia que provoca “una sensación de estrés colectivo, de miedo y de cierto nivel de violencia que algunas personas tienen reprimida”.
El criminólogo Gerardo Castaing y el abogado penalista Federico Campos también coinciden en que en esta escena hubo premeditación, pues el agresor carga el arma y agrede al otro sujeto en forma desmedida a pesar de que Orozco está desarmado.
Para ambos, este caso califica como un homicidio calificado. Campos agrega que en este caso no aplica el principio de legítima defensa, pues la agresión es desproporcionada e irracional y tampoco lo ampararía el estado de emoción violenta, porque la circunstancia o discusión no ameritaba un homicidio.
Con 365 homicidios registrados en lo que va del año, las autoridades proyectan un 2024 con similares cifras de asesinatos al año anterior.
