Cuatro sudamericanos arrestados en El Salvador por presunta estafa con ventas de vehículos

Autoridades salvadoreñas han logrado la captura de cuatro personas y la inmovilización de cuentas bancarias por más de $848,000 en el marco de la operación para desarticular la estructura criminal que operaba bajo el nombre de Venicars.

La policía salvadoreña allanó la empresa Venicars señalada de estafar al menos a 400 personas.

Las autoridades salvadoreños desmantelaron una red de estafadores sudamericanos que presuntamente habrían estafado a 400 personas con la falsa promesa de obtener vehículos a cambio de dinero, informó la Fiscalía General de este país.

La investigación de la Fiscalía, que contó con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), la Dirección de Migración y Extranjería y las medidas del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), terminó con la captura de los venezolanos Daniel Alejandro Guzmán y Bryan José Urbano Salazar, así como los ecuatorianos, Gabriel Andrés Ponce Ruiz y Heidy Jhoanna Álvarez Topón. 

Según las autoridades, la empresa Venicars S.A. de C.V., operaba desde octubre de 2024 y hasta el jueves, 400 víctimas han presentado denuncias contra la empresa ante la Fiscalía. 

Como parte de la operación, las autoridades congelaron cinco cuentas bancarias asociadas a Venicars, con un total de $848,359.79. 

Las autoridades allanaron el edificio central de Venicars y sus oficinas administrativas en San Salvador, donde las autoridades buscan documentos clave relacionados con los contratos fraudulentos, dinero en efectivo, registros de cuentas bancarias y vehículos utilizados en la estafa. 

Según la Fiscalía, la estructura solicitaba a sus víctimas sumas de dinero con la promesa de que podrían adquirir un vehículo. Sin embargo, tras recibir los pagos, la empresa desaparecía sin cumplir con la entrega de los automóviles, dejando a cientos de personas afectadas. 

Las autoridades llamaron el jueves a todas las personas afectadas por esta red de estafa a que presenten sus denuncias en cualquiera de las 19 oficinas fiscales del país, con el fin de fortalecer el caso y garantizar justicia para todas las víctimas. 

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