La Defensoría del Pueblo de Colombia llamó a las autoridades nacionales a que preste atención a la creciente migración irregular que usa la ruta de San Andrés a Centroamérica, y pidió al gobierno que impulse estrategias para la garantía de los derechos humanos de los viajeros que con frecuencia terminan engañados por traficantes.
“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un nuevo llamado para atender el aumento de migrantes irregulares en la ruta de San Andrés-Centroamérica, ya que lo con lo ocurrido este año, las autoridades han rescatado a 392 personas: 89 de ellas menores de edad”, manifestó Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, a través de un video compartido en sus redes sociales.
Recientemente las autoridades colombianas reportaron el naufragio de una embarcación en la que viajaban 32 migrantes y 2 tripulantes, los cuales fueron reportados como desaparecidos por algunos miembros de los familiares, luego de perder comunicación con ellos.
Alertamos por el aumento de migrantes irregulares de diferentes nacionalidades en la ruta #SanAndrés – #Centroamérica.
En lo corrido de este año las autoridades han rescatado a 392 personas, de las cuales 89 son menores de edad.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 14, 2023
“En muchos casos los migrantes son abandonados en los cayos del sur sin sus pertenencias y en algunas ocasiones bajo el engaño que están en Nicaragua”, manifestó el funcionario.
Añadió que “los migrantes se exponen a naufragios, abandono, desapariciones de desembarcaciones entre otras situaciones que ponen en riesgo su seguridad, integridad y vida, entre otras situaciones. A finales de octubre pasado, fue reportada la desaparición de 32 migrantes y 2 tripulantes en ese recorrido, con lo que se demuestra una vez más, que no es una ruta migratoria segura. Los reportes sobre los lamentos hechos, son notificados a las autoridades competentes luego de un período prolongado, lo que dificulta las labores de búsqueda, ubicación y rescate”.
Sin embargo, una vez que las autoridades navales recibieron el reporte de la desaparición de la embarcación, empezaron a realizar labores de búsqueda y establecieron coordinaciones con las armadas de países centroamericanos para sumarse a la tarea, sin todavía tener reportes sobre el caso.
En este sentido, Camargo consideró que el gobierno colombiano debería de establecer mecanismos para buscar una solución a esta grave situación humanitaria, con la finalidad de resguardar la vida y los derechos humanos de los migrantes irregulares que se arriesgan a salir de esta manera.
“Urge que el gobierno nacional impulse estrategias para la garantía de los derechos de la población migrante, así como medidas de contingencia en los aeropuertos para evitar el tránsito irregular de personas”, dijo el defensor.