Dictadura de Nicaragua elude la justicia internacional ante la CorteIDH sobre caso de feminicidio

La CIDH acusa al Estado de Nicaragua de violar los derechos a las garantías judiciales, a la igualdad, a la protección judicial, a la vida y a la obligación de investigar hechos de violencia contra las mujeres.

A la audiencia asistieron representantes de la familia de la víctima, organismos de derechos humanos y agentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Estado de Nicaragua no se presentó este miércoles a la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en la que se abordó el caso de Dina Carrión, víctima de feminicidio, y la falta de investigación adecuada por parte de las autoridades nicaragüenses.

La CorteIDH informó que Nicaragua no acreditó agentes para participar en la audiencia, que se desarrolló en la sede del tribunal en San José, Costa Rica. A la audiencia asistieron representantes de la familia de la víctima, organismos de derechos humanos y agentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este acto de desdén se suma a una serie de acciones similares. En noviembre de 2022, la CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato luego de que el gobierno de Daniel Ortega no respondiera a varias resoluciones que exigían la liberación de presos políticos y la protección de activistas, disidentes y defensores de derechos humanos.

Desde entonces, el Estado nicaragüense ha ignorado resoluciones y órdenes del tribunal, además de ausentarse de audiencias a las que ha sido convocado.

Durante la audiencia, la CorteIDH escuchó a los representantes de la víctima y a los agentes de la CIDH, quienes argumentaron la falta de diligencia del Estado en investigar la muerte de Dina Carrión.

Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, detalló que Carrión, madre de un niño de seis años, apareció muerta con un disparo en el pecho en 2010, en circunstancias sospechosas que inicialmente fueron catalogadas como suicidio. Sin embargo, evidencias y testimonios sugieren violencia de género y presunto femicidio.

La CIDH acusa al Estado de Nicaragua de violar los derechos a las garantías judiciales, a la igualdad, a la protección judicial, a la vida y a la obligación de investigar hechos de violencia contra las mujeres.

Además, señaló la ausencia de medidas para asegurar el vínculo del hijo de Carrión con su familia materna.

Aida González, madre de la víctima, y su hija Aida Carrión, también participaron en la audiencia, describiendo a Dina como una mujer de 36 años que sufría violencia física y psicológica por parte de su esposo.

Denunciaron irregularidades en la investigación y la falta de acción de las autoridades para esclarecer su muerte.

El caso de Dina Carrión es emblemático por ser el primer caso de femicidio que llega a la CorteIDH desde Nicaragua. Este tribunal tiene la responsabilidad de evaluar la responsabilidad del Estado nicaragüense por la falta de debida diligencia en la investigación de su muerte.

A partir de hoy, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito, y luego la CorteIDH podrá emitir una sentencia en los próximos meses.

La dictadura Ortega-Murillo no envió representantes a la audiencia.

La ausencia del Estado de Nicaragua en esta audiencia refuerza su patrón de evasión de responsabilidades ante la justicia internacional, afectando no solo este caso, sino también el reconocimiento y protección de los derechos humanos en el país.

Los familiares de Dina Carrión y organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que la CorteIDH emita una resolución que obligue al Estado a investigar adecuadamente el caso y a asegurar justicia para todas las víctimas de violencia de género en Nicaragua.

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