El gobierno de Nicaragua dijo que, por requerimiento de Interpol, expulsó al fraile italiano Cosimo Damiano Muratori, buscado por delitos de violencia sexual en Italia, y señaló que el religioso también intervino en asuntos internos nicaragüenses.
El ministerio de Gobernación (Interior) afirmó en una nota de prensa que Muratori “es buscado en Italia por el delito de violencia sexual, y fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel, en la Ciudad de Perugia, Italia, en noviembre del 2019”.
“El mencionado sacerdote y ciudadano italiano fue expulsado de Nicaragua, el día de hoy, entre otras cosas, por ese delito cometido en su país, y su itinerario de vuelo, solicitado por la misma INTERPOL Italia, fue comunicado a las autoridades pertinentes”, agregó la nota.
Sin embargo, el nombre del religioso no aparece en los listados de la Interpol, de acuerdo a una búsqueda realizada en internet por Centroamérica 360.
La nota añadió que Muratori “a pesar de sus delitos, estuvo asignado desde el 2014 por su Orden Religiosa a la custodia del Mausoleo del Padre Odorico D’Andrea, en San Rafael del Norte, Nicaragua, donde además intervino injuriosamente en asuntos solo concernientes a nicaragüenses”.
Según medios opositores, era incierto el paradero de Muratori, encargado de un santuario franciscano en San Rafael del Norte, en el departamento de Jinotega, luego que viajó a Managua con su chofer y otra persona para acudir a una citación ante la Dirección General de Migración y Extranjería.
Muratori fungía como encargado del Santuario Franciscano El Tepeyac y vicepostulador de la causa de beatificación del sacerdote franciscano de origen italiano Odorico D’Andrea, fallecido en el departamento de Matagalpa en 1990.
El diario La Prensa, que se edita en el exilio, dijo que Muratori llegó al país hace más de 40 años y que salvo ausencias de trabajo en otros países que no especificó, la mayor parte de su labor religiosa la realizó en el norte nicaragüense.
Según el medio opositor, Muratori pidió el domingo oraciones por el obispo Rolando Álvarez, condenado la semana pasada a 26 años de prisión tras rechazar irse a Estados Unidos con opositores excarcelados y expulsados de Nicaragua.
Tanto Álvarez como los opositores liberados fueron privados de sus derechos políticos y despojados de su nacionalidad, en momentos en que el presidente Daniel Ortega enfrenta presiones debido al creciente autoritarismo de su gobierno.
El gobierno de Nicaragua detuvo a centenares de opositores en el contexto de la represión que siguió a una crisis política con protestas callejeras que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.