La codictadora nicaragüense, Rosario Murillo, arremetió este jueves contra la dirección ejecutiva del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), acusándola de “usurpar” funciones que, según ella, competen exclusivamente al secretario general, un puesto actualmente vacante por falta de acuerdo en la elección de un nuevo titular.
Murillo aseguró que Nicaragua expresó su rechazo mediante un comunicado enviado por el canciller Valdrack Jaentschke, denunciando lo que consideró una “usurpación de la figura del secretario general del SICA” por parte de la dirección ejecutiva, la cual describió como una “oficina administrativa interna sin competencia para ejercer atribuciones que solo corresponden a los Estados miembros y al secretario general del SICA”.
La codictadora acusó a la dirección ejecutiva de excederse en sus atribuciones al mantener contacto directo con los Estados miembros, una acción que, según Murillo, representa una “usurpación de la secretaría general” y una invasión en temas “políticos, administrativos y operativos” que serían competencia exclusiva de un secretario electo.
“No pueden imponer una agenda de trabajo ni definir un presupuesto en un órgano acéfalo”, añadió la vocera de la dictadura.
Murillo instó a los gobiernos del SICA a “restablecer la institucionalidad y respetar el protocolo de Tegucigalpa” para asegurar el correcto funcionamiento del sistema regional, denunciando que cualquier otra actuación constituye un “fraude” y calificó a la dirección ejecutiva como una “secretaría fraudulenta y usurpadora”.
Nueva terna de candidatas del régimen para la secretaría del SICA
La molestia de Murillo se deriva de la negativa y rechazo de los países del SICA a las propuestas de la dictadura para ocupar el cargo con militantes de la organización politico militar Frente Sandinista de Liberación Nacional, acusado de crímenes de lesa humanidad y todo tipo de abusos.
Los miembros del SICA rechazaron primero al exembajador sandinista y espía Valdrack Jaentschke, a quien luego Ortega nombró canciller.
En octubre, el canciller Jaentschke presentó una nueva propuesta de candidatas a la secretaría general del SICA, luego de que su propia candidatura fracasara.
La terna incluye a figuras cercanas al círculo de poder en Nicaragua: la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez, la ministra del Interior María Amelia Coronel Kinloch y Sonia Castro, asesora presidencial en salud y exministra de Salud.
Sonia Castro enfrenta sanciones internacionales de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza por su implicación en actos represivos y violación de derechos humanos en Nicaragua.
La diputada Alonso fue incluida en la Lista Engels de Estados Unidos por promover leyes represivas en la Asamblea bajo control de la dictadura.
Por su parte, María Amelia Coronel ha sido responsable de la disolución de más de 5,600 organizaciones no gubernamentales en el país, medida que ha afectado a múltiples organismos de derechos humanos y sociedad civil en Nicaragua.
Esta ofensiva de la dictadura nicaragüense contra el SICA refleja su creciente aislamiento y conflictos con las estructuras regionales, en un contexto donde la represión interna ha dejado en el exilio y prisión a numerosos dirigentes civiles, sindicales y empresariales desde el inicio de la crisis política en 2018.