Estados Unidos expulsó el viernes a un exmilitar salvadoreño, acusado violaciones de los derechos humanos en su país natal, El Salvador durante la guerra civil.
Se trata del subteniente Arnoldo Antonio Vásquez Alvarenga, un ciudadano de El Salvador de 60 años que anteriormente era ciudadano estadounidense naturalizado, de los Estados Unidos.
Vásquez Alvarenga, quien en 1988 se encontraba de alta en la Quinta Brigada de Infantería, San Vicente, en el centro de El Salvador, es acusado de haber participado en la llamada “Masacre de San Sebastián”, en el caserío San Francisco, San Sebastián, departamento de San Vicente, donde según el reporte de la Comisión de la Verdad sobre el Conflicto Armado, 10 presuntos guerrilleros fueron asesinadas por el Batallón Jiboa.
El exmilitar se había mudado a Plano, Texas en 1999, obteniendo la residencia permanente por medio de su esposa, hija de un ciudadano estadounidense. Posteriormente, en 2004, se había naturalizado estadounidense. Pero al mentir sobre su pasado, Estados Unidos le revocó su nacionalidad en 2021.
El 12 de enero pasado, Migración detuvo a Vásquez Alvarenga en Plano y le entregó un aviso para comparecer ante un tribunal de inmigración como una persona que se involucró en ejecuciones extrajudiciales en su país de origen.
Una investigación realizada por el Centro de Infractores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra de la migración estadounidense, mostró que Vásquez Alvarenga ayudó a matar a 10 personas en septiembre de 1988 en lo que se conoció como la masacre de San Sebastián.
“Con su traslado de los Estados Unidos a El Salvador, hemos desempeñado un papel en garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para los infractores de los derechos humanos. Su participación anterior en una flagrante violación de los derechos humanos anula por completo su derecho a la ciudadanía estadounidense”, dijo el director interino de la oficina de campo de Dallas, Robert K. Lynch Jr.
Actualmente, Migración estadounidense tiene más de 160 investigaciones activas sobre presuntos infractores de derechos humanos y está llevando a cabo más de 1.700 casos de derivación y de expulsiones que involucran presuntos infractores de derechos humanos de 95 países diferentes