A menos de una semana para que el presidente electo Donald Trump asuma el control de la Casa Blanca, Estados Unidos mantiene en suspenso la extensión del del Estatus de Protección Temporal (TPS) para nicaragüenses y hondureños.
El gobierno de Estados Unidos anunció el pasado viernes la extensión por 18 meses del TPS para más de 200.000 salvadoreños y 600.000 venezolanos, dejando a los beneficiarios nicaragüenses y hondureños a la espera de una decisión que podría no llegar.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó la renovación para El Salvador por “condiciones ambientales que impiden un regreso seguro”, refiriéndose a los desastres naturales que han afectado al país centroamericano desde los terremotos de 2001.
La ampliación vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, ofreciendo un respiro a los salvadoreños que han vivido más de dos décadas en Estados Unidos bajo esta protección.
En el caso de Venezuela, la extensión fue otorgada hasta el 2 de octubre de 2026, argumentando la “grave emergencia humanitaria” derivada de la crisis política y económica bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Esta medida permitirá a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en EE.UU. UU., siempre y cuando cumplan con los estrictos requisitos de elegibilidad establecidos por el DHS.
Sin embargo, la situación para los ciudadanos de Nicaragua y Honduras continúa siendo incierta. Aunque el TPS para estos países sigue vigente hasta el 9 de marzo de 2025 para Nicaragua y julio para Honduras, activistas y expertos en migración han instado a la administración Biden a considerar una nueva designación que amplíe la protección a quienes han llegado más recientemente.
“La revisión para Nicaragua está en curso”, señaló una fuente oficial de Washington a Univisión. En el caso de Honduras, cuya designación concluye el 5 de julio de 2025, no se han anunciado avances significativos.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que la exclusión de estos países podría agravar la situación de miles de migrantes que enfrentan la amenaza de deportación anunciada por Trump o dificultades para regularizar su estatus migratorio.
El TPS, establecido en 1990, ofrece una protección temporal a inmigrantes cuyos países de origen atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. Actualmente, cerca de un millón de personas de 17 naciones se benefician de este programa, que incluye permisos de trabajo y residencia en EE. UU. UU.